Mariano Bruera, exfuncionario municipal de La Plata, ha sido absuelto por la Sala Segunda del Tribunal de Casación bonaerense en una causa por asociación ilícita. La decisión, que revocó una condena previa, marca un giro significativo en el caso iniciado en 2013 y generador de gran conmoción política.
Con los votos de los jueces Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, la máxima instancia del fuero Penal provincial aceptó el planteo de la defensa de Bruera, encabezada por Alejandro Montone. Este cuestionó la figura de «asociación ilícita», logrando así la absolución de su cliente.
Camino Libre para la Política
Esta resolución, que aún puede ser recurrida ante la Suprema Corte provincial, deja limpio el legajo de antecedentes penales de Mariano Bruera, despejando su camino para un eventual retorno a la actividad política.
Resoluciones Adicionales
En la misma resolución, se confirmó la condena al empresario Gustavo Orlandi por pagar un soborno, y se ordenó un juicio de cesura para el exfuncionario Enrique Sette por delitos de «exacciones ilegales y cohecho pasivo en concurso real». Casación instruyó una «nueva determinación de la pena conforme a la nueva condena».
La defensa de Sette, liderada por Juan Di Nardo, considera que sin la figura de asociación ilícita, los delitos imputados podrían prescribir, lo cual llevaría a la absolución del condenado en primera instancia.
El Caso que Sacudió La Plata
El origen de la causa se remonta a 2014, cuando el ingeniero agrónomo Guillermo Andreau denunció que funcionarios municipales le solicitaron $220,000 dólares para rezonificar su terreno, permitiendo su subdivisión y posterior venta a beneficiarios del plan Procrear. La investigación liderada por el fiscal Jorge Paolini, que inicialmente derivó en condenas, se basó en estas denuncias y en escuchas telefónicas que involucraron a varios funcionarios.
Fallo de Primera Instancia
El juez Claudio Bernard, en la sentencia inicial, sostuvo que existía una administración municipal corrupta, con funcionarios públicos involucrados en la recaudación de sumas indebidas a cambio de rezonificaciones. Bernard lamentó que la investigación no incluyera la intervención de teléfonos de altos funcionarios, como Jorge Campanaro, quien supuestamente tenía acceso directo al intendente Pablo Bruera.
Críticas a la Investigación
El juez Bernard criticó la investigación por su enfoque limitado, señalando que solo se investigó una de las «ventanillas» de cobros ilegales y no se intervinieron teléfonos de altos funcionarios. A su juicio, esto era necesario para esclarecer la totalidad de la organización delictiva dentro de la municipalidad.
