Hoy se conoció el decreto 1083/2024 publicado en el Boletín Oficial que declara el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160. Crece el repudio a este decreto racista que habilita los desalojos de los pueblos originarios de sus territorios ancestrales.
El presidente Javier Milei derogó con el decretó 1083/2024 publicado este 10 de diciembre, la ley 26160 que declaraba la emergencia en la ocupación de tierras y se dejó sin efecto el artículo 2 de esa ley, que suspendía la ejecución de sentencias y el desalojo de esos territorios ancestrales.
El decreto de Milei ataca el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos indígenas en la Argentina y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y elimina la prórroga de la 21.160 establecida hasta noviembre de 2025. A tono con el discurso racista el decreto estigmatiza a las comunidades originarias, las acusa de “usurpar” tierras y de “ejercer la violencia”.
Ya en 2022, un proyecto de ley, de la entonces diputada nacional, Victoria Villarruel, señalaba que “no puede ser la excusa para avasallar otros artículos de la Carta Magna, como el de propiedad, el de trabajo, el de circulación, el de igualdad ante la ley etc».
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Esta política sistemática del gobierno nacional se inició a diez días de iniciar su mandato, el 20 de diciembre de 2023, Javier Milei emitía el Mega DNU o Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. En esos más de trescientos artículos se configuraba el primero de los ataques: una feroz desregulación en materia de energía, tierra y minería y un nuevo salto legal para la entrega de territorios y bienes comunes a capitales extranjeros, una ofensiva, que, anticipaba un nuevo ataque a los pueblos originarios.
El Gobierno racista de Milei puso punto final a la Ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Una declaración de guerra a quienes resisten en los territorios, y que van a dar pelea.— Natalia Morales (@NatuchaMorales) December 10, 2024
En noviembre de este año, el gobierno de La Libertad Avanza hacía su debut reaccionario en la Asamblea de la ONU, y el día 11 de noviembre Argentina fue el único Estado que votó en contra de una resolución en favor de los derechos de los pueblos indígenas, siendo que en el país la mitad de las comunidades originarias están siendo afectadas en la protección de los derechos de sus tierras y en el acceso a los bienes comunes naturales.
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Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “preocupación ante decisiones administrativas recientes de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación”.
El pronunciamiento de la Comisión se basó en datos concretos. Como señala Adriana Meyer “El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) suspendió las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), e invitó a los gobiernos locales a crear registros propios. Dicha medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar al menos 250 de las 1881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país, y a cerca del 47% del total de ellas, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente”.
Si el gobierno de La Libertad Avanza pudo avanzar tanto en un año con su política que impulsa el a partir de la aprobación del RIGI saqueo de los bienes comunes naturales es porque cuenta con socios directos en el extractivismo entre la oposición política patronal. A eso nos referimos cuando decimos consenso extractivista. Una política de Estado que viene de antes y que se profundiza al calor del negacionismo climático y su intento de subordinar a la mano invisible de los negocios capitalistas directamente los bienes comunes naturales del país. Para llevar adelante esta política hasta el final el gobierno nacional junto a los gobernadores persigue y criminaliza la lucha de los pueblos originarios en defensa del agua y los territorios.
Se vuelve urgente derogar el decreto 1083/2024 y establecer lazos de unidad entre los pueblos que resisten el avance extractivista y la clase trabajadora y sus organizaciones, para enfrentar los próximos pasos que querrá dar el gobierno de Javier Milei en 2025, fortalecer la coordinación de diferentes sectores en lucha y construir fuerzas desde abajo para imponer a las direcciones un verdadero plan de lucha que derrote todo el plan de Milei.
