Un fuerte escándalo sacude a la Policía Bonaerense. El gobernador Axel Kicillof ordenó el desplazamiento de 24 oficiales acusados de planear una conspiración interna para intervenir la fuerza y beneficiar políticamente al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual concejal y candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral.
De acuerdo a la denuncia, los efectivos —algunos de ellos altos mandos operativos y miembros de la Policía Ecológica— formaban parte de un grupo de WhatsApp llamado “Equipo Rocket”, desde el cual coordinaban acciones políticas, asignaban tareas internas e incluso se referían a reuniones con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
“Aprovechemos esta oportunidad”, escribía uno de los integrantes del grupo, en referencia a las maniobras que pretendían ejecutar para reorganizar el comando institucional.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los desplazamientos se produjeron tras una investigación impulsada por una denuncia anónima. Según explicó, los agentes utilizaban oficinas, computadoras y elementos del Estado para actividades proselitistas, lo cual está expresamente prohibido por el reglamento orgánico policial.
Además, se hallaron documentos y planes detallados en computadoras oficiales, producto de auditorías preventivas en dos dependencias clave. “Se trató de una estructura paralela que buscaba intervenir la conducción de la fuerza y ocupar cargos clave”, detalló Alonso.
Desde el Gobierno provincial calificaron la maniobra como un “golpe interno al comando institucional” y aseguraron que los hechos configuran una falta gravísima a la normativa policial vigente.
Cruce entre Nación y Provincia
La decisión generó un fuerte cruce político entre Nación y Provincia. Patricia Bullrich acusó a Kicillof de haber cesanteado a los policías por motivos políticos:
“El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Bondarenko. Pura persecución política”, escribió en redes.
En respuesta, Alonso fue categórico:
“Se equivoca la ministra al justificar que agentes en funciones participen en política partidaria. La ley es clara: la policía debe ser profesional, no militante.”
El conflicto expone una creciente tensión institucional entre ambas jurisdicciones y pone en discusión los límites de la participación política dentro de las fuerzas de seguridad.
