La investigación judicial sobre una presunta secta sexual dentro del Senado bonaerense escaló en los últimos días tras nuevas imputaciones contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dos empleados de la Cámara alta acusados de liderar un entramado de abusos sexuales que se extendería desde 2015 hasta 2019. Según la Justicia, ahora hay cinco nuevos hechos atribuidos a la pareja, con al menos una víctima que denuncia abusos ocurridos dentro del propio edificio institucional.
En este contexto, Estela Díaz, titular del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, admitió públicamente que “cuando asumió en diciembre de 2019 ya circulaban rumores” sobre conductas peligrosas de los acusados, aunque aclaró que en ese momento no existían causas judiciales formales avanzadas. Díaz señaló que no pudo intervenir antes por la falta de denuncias activas, remarcando las limitaciones legales de actuar ante rumores sin respaldo judicial.
La causa fue reordenada por la fiscal Betina Lacki, que reactivó las investigaciones tras la aparición de nuevos testimonios y evidencias, lo que derivó en detenciones y ampliación de imputaciones. Las primeras denuncias datan de años anteriores, y ahora el caso pone en debate no solo la magnitud de los hechos, sino también el rol del Estado y de funcionarios en un ámbito de poder como el Senado de la provincia de Buenos Aires
