El trabajo, que releva datos de distintas organizaciones sociales y centros comunitarios, revela que la proporción de comedores que debieron suspender su actividad asciende a cerca del 30 %, una cifra que alerta sobre la precariedad que enfrentan miles de familias que dependían de esas actividades para asegurar su alimentación cotidiana. El informe fue elaborado a partir de entrevistas, recorridas de campo y cruces de información con referentes barriales y vecinos vinculados a las mesas de trabajo comunitario.
El fenómeno se concentra sobre todo en barrios periféricos, donde la combinación de dificultades económicas, falta de infraestructura y agotamiento de recursos impidió que muchos proyectos pudieran sostenerse en el tiempo. Para quienes conocen de cerca la realidad de estos territorios, la caída en la capacidad operativa de los comedores no solo representa una baja en la asistencia alimentaria, sino también una disminución en los espacios de encuentro y apoyo comunitario que estos lugares reproducen.
Entre las causas que se señalan, aparecen la falta de financiamiento estable, el encarecimiento de insumos básicos y la ausencia de redes de apoyo que permitan sostener el funcionamiento diario. Muchos comedores, que se organizaron de manera autogestiva en años previos, vieron cómo sus recursos se agotaban y, sin un aporte constante y formal, tuvieron que cerrar sus puertas o reducir significativamente su alcance.
Para organizaciones sociales y referentes comunitarios consultados, la situación obliga a repensar las políticas públicas de asistencia alimentaria, con estrategias más sostenibles y vinculadas a las realidades locales. La falta de comedores activos en sectores donde los índices de pobreza y necesidad son altos puede agravar situaciones de inseguridad alimentaria, afectando en particular a niños, jóvenes y personas adultas mayores.
El informe también apunta a la importancia de fortalecer las redes barriales y recuperar la cooperación entre Estado, organizaciones y vecinos para que los comedores vuelvan a ser un recurso sólido. Para muchos, la suspensión de estos espacios no solo representa un desafío logístico, sino también simbólico: perder un comedor es perder un punto de apoyo y de construcción colectiva dentro de la comunidad.
La cifra se convierte en un llamado de atención para quienes trabajan y piensan políticas de inclusión social, y plantea la necesidad de acciones que permitan revertir esta tendencia antes de que se profundice. En un contexto económico complejo, sostener espacios de alimentación comunitaria se vuelve una pieza clave de la red de cuidados en La Plata.
