Un informe de la Asociación Civil Pensando Políticas Públicas, elaborado por Walter Martello, cuestiona el concepto de «Juego Responsable» por considerarlo una estrategia de la industria para culpar al usuario de una patología. El documento denuncia la falta de datos oficiales y advierte que la mayoría de las estadísticas actuales están sesgadas por el sector privado.
El informe respalda el proyecto de ley con media sanción en el congreso que busca prohibir la publicidad (especialmente de influencers) e implementar mayores controles. En lugar de celebrar la «responsabilidad» del apostador, propone transformar la fecha en un Día de Concientización sobre la Ludopatía, priorizando la salud pública sobre la recaudación fiscal.
Martello considera insólito que el propio Estado nacional y diversas jurisdicciones hayan institucionalizado el 17 de febrero como el «Día del Juego Responsable», validando un eslogan creado por la propia industria.
Para dimensionar la resistencia a la regulación, Martello expone que la OMS estima que los ingresos mundiales del sector de apuestas alcanzarán los USD 700.000 millones en 2028, una cifra que supera el PBI actual de nuestro país. Asimismo, la propia OMS alerta que las personas con ludopatía tienen 15 veces más probabilidades de suicidarse que la población general.
Esta efeméride del 17 de febrero fue conmemorada por primera vez en el año 2008 y y obedece a una convención de la UNESCO, con la finalidad de concienciar en la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea.
Por otra parte, se pretende promover los aspectos éticos de los juegos de azar, así como las formas saludables de jugar, mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida. Asimismo, dar a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar, el mundo de los casinos, las apuestas y el juego online. El juego debe ser una diversión y no una adicción. Esta patología cada vez más afecta a la población en edades más tempranas.
Ante esta crítica situación, el proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, y que actualmente se discute en el Senado, marca el camino a seguir mediante tres pilares fundamentales:
Prohibición de publicidad: Restricción integral de la promoción de apuestas, incluyendo el uso de influencers y figuras del deporte.
Identificación biométrica: Exigencia de validación de identidad mediante biometría en cada acceso, impidiendo que los menores utilicen cuentas de terceros.
Restricción de medios de pago: prohibición del uso de tarjetas de crédito y de fondos provenientes de planes sociales para apostar, con el fin de proteger el sustento básico familiar.
Asimismo, es indispensable que las provincias, que tienen la facultad de administrar y habilitar los las plataformas de apuestas y los juegos de azar, complementen esta potestad administrativa con la Constitución Nacional, que garantiza el Derecho a la Salud (Art. 75) y la protección de los consumidores (Art. 42).
El Estado tiene la obligación ética y legal de proteger a los sectores más vulnerables —especialmente a niños, niñas y adolescentes— por encima de cualquier beneficio fiscal. El proyecto nacional busca, precisamente, aplicar estos derechos en una zona que hoy se percibe como «liberada».
Es imperativo avanzar hacia un modelo de «Entornos Seguros» similar al implementado en España, donde la responsabilidad de intervención recae sobre las empresas y el Estado. En dicho país, el 29 de octubre se celebra el «Día Sin Juegos de Azar», una iniciativa de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) para concientizar sobre los efectos nocivos de la ludopatía.
En nuestro país, la provincia de Mendoza ya ha dado el paso legislativo para institucionalizar esta fecha, desplazando el enfoque que privilegia la «responsabilidad» individual del apostador y minimiza la prevención y la salud pública.
