Mientras el Gobierno predica eficiencia y modernización, puertas adentro se multiplican las alarmas por la posible entrega de áreas estratégicas de la petrolera estatal. La posible venta de YPF Agro al grupo dueño del Banco Galicia abre un nuevo capítulo en lo que críticos describen como un proceso sistemático de descuartización del aparato productivo nacional.
En los pasillos del sector energético y del agro comenzó a circular con fuerza una versión que inquieta: la posible venta del 50% de YPF Agro, una de las unidades más estratégicas de YPF, al Grupo Financiero Galicia.
La operación, todavía rodeada de silencio oficial, es leída por sectores políticos y sindicales como parte de un esquema mayor que atribuyen al núcleo duro del poder que rodea al presidente Javier Milei: su hermana y secretaria general Karina Milei, el ministro desregulador Federico Sturzenegger y el asesor estrella Santiago Caputo.
Para sus detractores, este grupo funciona como una verdadera mesa de decisiones dedicada a desmontar lo que queda del entramado productivo estatal.
El negocio que enciende las alarmas YPF
Agro no es una unidad menor. Se trata de una red que provee combustibles, lubricantes, semillas y fertilizantes al campo argentino, con más de 100 centros de distribución en todo el país. En otras palabras: una pata clave del vínculo entre energía, producción y agroindustria.
La empresa que aparece como posible socia es el Grupo Financiero Galicia, controlado principalmente por las familias Escasany, Ayerza y Braun a través de EBA Holding. El holding tiene presencia bursátil en BYMA y en el NASDAQ, y viene de consolidar su posición en el sistema financiero tras la compra del negocio local de HSBC Argentina.
En el mundo financiero el grupo ya tiene fuerte presencia en el agro a través del financiamiento de insumos y su plataforma digital Nera. Pero ahora la discusión sería otra: pasar de financiar la producción a quedarse con parte de la cadena de provisión.
Donde el negocio deja de ser negocio
Pero la parte más explosiva del posible acuerdo no está en el capital accionario sino en el impacto laboral. Según versiones que circulan dentro de la compañía, YPF debería afrontar las indemnizaciones de los más de 400 trabajadores de YPF Agro. El esquema sería el siguiente:
– La nueva conducción no absorbería a la totalidad del personal.
– Cerca de 200 empleados perderían su trabajo de forma inmediata.
– Otros 100 serían reemplazados progresivamente.
– Los trabajadores que eventualmente continúen lo harían con contratos nuevos y salarios inferiores, ya que dejarían de regirse por el convenio petrolero, uno de los mejor pagos del país.
En términos simples: gran parte del dinero de la operación terminaría financiando despidos.
De la soberanía productiva al negocio financiero
Para especialistas del sector energético y agroindustrial, el posible desprendimiento de YPF Agro representa algo más profundo que una reestructuración empresarial. Significa separar a la petrolera estatal de una herramienta estratégica de intervención en el mercado agropecuario, justo en un país donde el campo define buena parte del ingreso de divisas.
La pregunta que empieza a repetirse en el sector es incómoda: ¿Se está transformando el entramado productivo nacional en un negocio financiero? Mientras tanto, desde la Casa Rosada el silencio es total.
Y en los pasillos del poder muchos ya hablan de una nueva etapa del plan de desguace, impulsado —según sus críticos— por el círculo que rodea a Milei, Karina Milei, Sturzenegger y Caputo, señalados como los arquitectos de una política que, dicen, puede dejar a la Argentina sin empresas estratégicas, sin producción propia y sin control sobre sus recursos.
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