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Ley de Glaciares: qué significa reformarla

En una sesión que quedará marcada en la historia legislativa del país, la Cámara de Diputados convirtió en ley este 9 de abril de 2026 la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). Tras meses de intensos debates entre los sectores productivos y las organizaciones ambientales, el nuevo marco normativo redefine qué áreas están protegidas y cuáles quedan habilitadas para la actividad económica.

Un poco de historia: El hito de 2010

Para entender lo que se votó hoy, hay que recordar el origen de la Ley de Glaciares original. Sancionada en septiembre de 2010, la Ley 26.639 fue un triunfo de las asambleas ciudadanas y grupos ambientalistas.

  • El veto de 2008: Un proyecto previo ya había sido aprobado, pero fue vetado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (el famoso «veto de la Barrick Gold»), lo que generó una movilización social sin precedentes.
  • El consenso de 2010: Finalmente, se logró una ley que prohibía cualquier actividad industrial, minera o petrolera en glaciares y en el ambiente periglacial (suelo congelado que actúa como regulador hídrico).
  • El Decreto 207/2011: Un año después, el 28 de febrero de 2011, se firmó el decreto reglamentario que hizo operativa la ley. Este paso fue fundamental porque designó al IANIGLA (instituto dependiente del CONICET) como el encargado de realizar el Inventario Nacional de Glaciares, estableciendo por primera vez las reglas técnicas para identificar y proteger cada cuerpo de hielo del país.

¿Qué es el ambiente periglacial y por qué es la clave del conflicto?

La ley original no solo protegía las grandes masas de hielo blanco (glaciares), sino también el ambiente periglacial: áreas de alta montaña con suelos congelados que contienen agua.

Los glaciares son «tanques de agua» naturales que alimentan los ríos en épocas de sequía. Son vitales para el consumo humano y la agricultura en provincias como Mendoza, San Juan y Chubut. La industria minera siempre cuestionó que la definición de «periglacial» era demasiado amplia y bloqueaba proyectos en zonas donde no hay hielo visible, pero sí suelos congelados.

La reforma de 2026: ¿Qué cambió esta semana?

Hace 2 días la Subsecretaría de Ambiente lanzó un comunicado oficial con su posicionamiento y respaldo hacia la reforma de la ley: Carta de apoyo a la reforma aclaratoria de la ley de glaciares.

La modificación aprobada hoy jueves 9 de abril por la Cámara de Diputados introduce cambios estructurales en el Inventario Nacional de Glaciares y en los criterios de protección:

  • Reducción del área protegida: La reforma establece que, para ser protegido, un glaciar debe tener una dimensión mínima y ser «relevante como reserva hídrica».
  • Apertura al ambiente periglacial: Se flexibilizan las restricciones en zonas periglaciales que no tengan una función hídrica directa y comprobada, lo que abre la puerta a proyectos mineros y de infraestructura que antes estaban prohibidos.
  • Autoridad de aplicación: Se otorga mayor peso a las provincias para decidir sobre el impacto ambiental en sus territorios, un punto que generó fuertes cruces por el temor a una menor rigurosidad en los controles.

Impacto y controversia

La votación de este jueves mostró una grieta profunda en el Congreso. Mientras que los sectores que apoyaron la reforma argumentan que es necesaria para atraer inversiones mineras (especialmente en litio y cobre) y generar empleo, las organizaciones como Greenpeace advierten sobre un «retroceso ambiental sin retorno». Los sectores que rechazaron la reforma sostuvieron que «Modificar la ley es desproteger nuestras reservas de agua dulce en un contexto de crisis climática global».

Tu voz por los Glaciares es el sitio web donde Greenpeace explica cómo la modificación de la ley impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas.

¿Qué sigue ahora?

Con la aprobación definitiva, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la nueva ley. El foco estará puesto en la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, que determinará en el mapa cuáles son las nuevas zonas donde las máquinas podrán comenzar a operar.

La reforma de esta ley nos pone ante una pregunta ética fundamental: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por el crecimiento económico inmediato? Los glaciares no son solo paisajes de postal o sitios turísticos; son ecosistemas que no tienen capacidad de «regenerarse» en tiempos humanos una vez que son intervenidos o contaminados.

En un contexto de crisis climática global, donde las sequías son cada vez más frecuentes y prolongadas, desproteger nuestras reservas estratégicas de agua dulce es una apuesta de altísimo riesgo. La pérdida de un glaciar no se mide solo en hectáreas de hielo, sino en la seguridad hídrica de las generaciones futuras. Privilegiar el extractivismo sobre la conservación de las fuentes de vida nos obliga a preguntarnos si el desarrollo que buscamos hoy no es, en realidad, una deuda ambiental que pagarán nuestros hijos mañana.

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