La Municipalidad advirtió que aplicará multas ante recortes unilaterales del servicio.
Intimación municipal ante los recortes
La Municipalidad de La Plata anunció medidas legales contra las empresas de transporte local. La gestión comunal busca frenar la reducción de servicios iniciada este lunes 6 de abril. Los transportistas alegan una imposibilidad financiera para mantener los recorridos habituales. El Ejecutivo local subrayó que las empresas no pueden afectar el servicio de forma unilateral.
El impacto en las líneas locales
El ajuste impacta inicialmente en las líneas 307, Fuerte Barragán y 506. Otras firmas como 9 de Julio y Unión Platense evalúan sumarse a la medida. Según Daniel de Ingenis, presidente de CETUBA, el ajuste varía según cada operador. Las reducciones proyectadas oscilan entre un 10% y un 50% de los servicios. Además, se registra una caída del 20% en la cantidad de pasajeros transportados.
El marco de la crisis en el AMBA
El conflicto surge en un marco de crisis para el transporte en el AMBA. Las cámaras empresariales denuncian un desfasaje entre costos reales y valores oficiales. El incremento en el precio del gasoil es el principal factor de presión económica. Esta situación ya afecta a diversas localidades que integran la región metropolitana. La Comuna sostiene que cualquier cambio debe ser autorizado previamente por el Estado.
Posturas oficiales y empresariales
Voceros municipales afirmaron que las empresas podrían «ser pasibles de intimaciones y multas«. Desde el sector patronal, De Ingenis explicó que la situación es «compleja». El directivo remarcó que el aumento de insumos vuelve inviable el funcionamiento actual. Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que el servicio se mantuvo con normalidad inicialmente. El gremio sigue de cerca la evolución del conflicto para garantizar los puestos de trabajo.
Próximos pasos y fiscalización
El municipio platense reforzará los controles para verificar el cumplimiento de las frecuencias. El área legal evalúa sanciones económicas severas si persisten los recortes. Las próximas reuniones entre las cámaras y el Gobierno serán determinantes. Se busca un equilibrio que evite dejar a miles de usuarios sin movilidad. La resolución del conflicto depende de una posible actualización de subsidios o tarifas.
