Presuntas omisiones, conflictos y decisiones por parte de ENARGAS y TGS provocaron que funcionarios y directivos estén siendo investigados por la Justicia en su vínculo con la tragedia.
Según una investigación de Confidencial.ar, la inundación del 7 de marzo del año pasado ocurrida en Bahía Blanca no se debió únicamente a factores climáticos, sino que también se debe a una aparente negligencia e influencias de poder entre el organismo público ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) y la empresa privada TGS (Transportadora de Gas del Sur), cuya licencia fue extendida hasta el año 2047 por un decreto del Gobierno nacional.
Entre los denunciados del ENARGAS se encuentran el ex Director Carlos Alberto María Casares, sus asesores y funcionarios (entre los que se encuentra la Dra. Marcela Paula Valdéz) debido a que la normativa vigente le impone la obligación al organismo de controlar que las empresas operen sin poner en riesgo la seguridad pública. Pero la denuncia sostiene que ese control no se ejerció de manera efectiva: se habla de una omisión prolongada en el tiempo, pese a la existencia de advertencias técnicas concretas.
En cuanto a la empresa TGS los denunciados que figuran son el Director General Oscar Sardi y miembros del Directorio.
Crónica de una inundación anunciada
El rol que ocupa TGS en estas denuncias se explica por el Complejo General Cerri, una planta de procesamiento de gas operada por dicha empresa, ubicada sobre el cauce natural del arroyo Saladillo de García.1 Dicho arroyo comenzó a presentar cambios en su cuenca baja debido a la urbanización y actividades humanas, según informaba una publicación científica del CONICET ya en el año 2020.
La planta de gas se ubica en un sitio de vulnerabilidad del suelo y del sistema hídrico natural. En regiones de baja pendiente como la zona sur de Bahía Blanca, cualquier alteración tiene consecuencias. Según la denuncia, la instalación industrial habría modificado el escurrimiento natural del agua, generando un efecto de “cuello de botella” que agravó el impacto de las lluvias.
La tragedia que se cargó a más de 18 muertos y miles de evacuados jamás será olvidada por los bahienses, quienes tanto ellos como el pueblo argentino exigen justicia ante la negligencia estatal y empresarial que tantas veces ha golpeado a civiles, cuyas vidas se encuentran en manos no siempre éticas.
