La Provincia llega a la reapertura paritaria de junio con la inflación por encima de lo acordado en marzo, los sindicatos con cuatro demandas concretas sobre la mesa y un ministerio de Economía que admitió en privado que las arcas están en el peor momento desde la pandemia. El aguinaldo de 600.000 trabajadores estatales depende de lo que pase en las próximas semanas.

La Provincia de Buenos Aires arranca junio con una incertidumbre real: ¿van a cobrar el aguinaldo en tiempo y forma los 600.000 empleados del Estado bonaerense? Docentes, personal de salud, administrativos, policías. Todos esperan el medio aguinaldo antes del 30 de junio. Y todos esperan que junio sea el mes con el sueldo más alto del semestre, porque de eso depende el cálculo del SAC.

El problema es que Kicillof tiene que resolver dos cosas al mismo tiempo: cerrar una paritaria con aumento que los gremios acepten y garantizar que la liquidación impacte dentro del mes. Todo con las arcas provinciales en un momento que el propio ministro de Economía, Pablo López, describió ante los intendentes como el peor desde la pandemia. La coparticipación federal cayó 6,5% en términos reales en el primer trimestre, Nación le adeuda a la Provincia más de $22 billones en transferencias impagas de educación, salud y transporte, y el gasto en personal ya representa más del 60% del presupuesto total.

El punto de partida de la negociación es la brecha que dejó el acuerdo de marzo. El convenio firmado el 4 de marzo estableció un incremento del 9% en tres tramos para el período enero-abril. La inflación de ese mismo período cerró en 11%. Dos puntos de diferencia que, sobre los sueldos del sector público bonaerense, representan miles de millones de pesos y una pérdida concreta de poder adquisitivo. ATE y UPCN llegan a la reapertura exigiendo a la Provincia que explique esa diferencia.

Las demandas de los sindicatos son cuatro y están bien definidas. Primero, compensar la diferencia entre lo acordado y lo perdido, con un piso de dos puntos aunque en privado piden más. Segundo, que el nuevo porcentaje se calcule sobre el básico real de mayo y no sobre el de enero, para evitar que los aumentos se acumulen siempre sobre el mismo piso depreciado. Tercero, que el bono de $20.000 que el Gobierno otorgó como complemento se incorpore al salario básico remunerativo, de modo que entre en el cálculo del aguinaldo y de la antigüedad. Y cuarto, que el aumento de junio se liquide dentro del mes.

Este último punto tiene una aritmética muy concreta. El aguinaldo se calcula sobre el mayor sueldo bruto del semestre enero-junio. Si el aumento de junio se paga después del 30, no entra en la base del SAC. Para un administrativo con básico de $750.000, la diferencia entre un incremento del 8% liquidado en junio o en julio equivale a $30.000 brutos menos en el aguinaldo. Los gremios saben ese número de memoria y lo van a usar en la mesa de negociación.

Cada punto de aumento implica unos $8.000 millones adicionales por mes. Un incremento del 8% cuesta $64.000 millones mensuales más sobre el presupuesto provincial. En ese contexto, el escenario más probable es un acuerdo escalonado de entre 5% y 8% para el segundo semestre, distribuido en dos o tres tramos, con alguna suma fija no remunerativa como complemento. Pero para que ese acuerdo impacte en el aguinaldo, el Gobierno necesita cerrarlo antes del 20 de junio.

El antecedente de febrero no ayuda a la narrativa oficial. En esa instancia el Gobierno ofreció el 3%, los gremios rechazaron y la presión terminó forzando una oferta del 9%. El mismo patrón puede repetirse. UPCN históricamente tiende a cerrar rápido, pero ATE tiene más incentivos para presionar. A eso se suma un cambio de escenario en SUTEBA: Roberto Baradel, histórico secretario general del gremio docente más grande de la Provincia y aliado político del gobernador, dejó el cargo, y la izquierda viene ganando terreno adentro del sindicato. Ese corrimiento cambia el tono de la negociación de junio.

Para los vecinos de La Plata, donde el empleo público sostiene la economía de barrios enteros desde Los Hornos hasta City Bell, el resultado de estas reuniones no es un debate presupuestario abstracto. Es si llega o no el dinero para pagar el alquiler en julio. ¿Puede Kicillof cerrar la paritaria a tiempo, absorber el costo político de un aumento menor al esperado y llegar a las legislativas de 2027 con los gremios en una relación funcional? En un año preelectoral, el precio de un conflicto docente o de salud en junio no se mide solo en días de huelga.