A la causa por enriquecimiento ilícito se sumaron nuevos audios de Manuel Adorni a Matías Tabar, el contratista que lo complicó en la Justicia. En uno de ellos, el exjefe de Gabinete le asegura que «no queda registro de nada» y que recibirá un llamado de un teléfono no registrado. En paralelo, una funcionaria declaró que prestó su tarjeta de crédito para una compra que después le devolvió en efectivo. El patrón empieza a repetirse demasiadas veces como para ser casualidad.

Manuel Adorni ya no es jefe de Gabinete, pero la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito no dejó de sumar elementos. En las últimas horas circularon en redes nuevos audios y capturas de conversaciones de WhatsApp entre el exfuncionario y Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones de su casa en el country Indio Cuá y que declaró ante la Justicia haber cobrado 245 mil dólares en efectivo por esos trabajos.

Según circuló en redes y fue retomado por distintas cuentas que siguen el caso, en uno de los audios Adorni le dice a Tabar que tiene que hablarle por el tema de su citación a declarar, fechada el 4 de mayo. Tabar no le responde. Adorni insiste más tarde, y en un tramo que generó mayor repercusión le asegura que actúe «como hago yo» porque de esa forma «no queda registro de nada», y que de todas formas lo va a llamar «de un teléfono no registrado» para que se quede tranquilo. La frase, si se confirma su autenticidad y contexto en la causa, agrega un elemento más serio que el de las compras con tarjetas ajenas: la posible intención de instruir a un testigo sobre cómo evitar dejar rastros antes de declarar ante la Justicia.

Las capturas de WhatsApp que circularon junto a los audios muestran además un intercambio posterior, ya en tono más coloquial, donde Adorni le escribe a Tabar pidiéndole que no se olvide de él («Buen día, no me olvides jaja») y el contratista responde con monosílabos. 

Estos nuevos materiales se conocen el mismo día en que trascendió otro tramo de audio, también dirigido a Tabar, en el que Adorni lo invita a encontrarse para hablar “por el tema del 4 de mayo”, día en que el contratista declaró, y le aseguraba que iba a darle «todo el soporte» que necesitara antes de su declaración. La combinación de ambos episodios refuerza la hipótesis de los investigadores: que Adorni intentó, en más de una oportunidad, condicionar el testimonio del contratista que terminaría siendo el más comprometedor para su situación judicial.

A la par de este frente, la causa también avanza por el costado de las compras con tarjetas ajenas. Laura Schiuma, funcionaria de la Vocería Presidencial, declaró que prestó su tarjeta de crédito para que Adorni comprara un monitor gamer de más de dos millones de pesos y que luego él le devolvió el dinero en efectivo. Un patrón similar se repitió, según la Justicia, con otro subordinado y con una tercera funcionaria que pagó en efectivo más de ocho millones de pesos en sommiers y ropa blanca para la misma casa de Indio Cuá.

El cuadro que empieza a delinearse combina dos tipos de irregularidades distintas pero potencialmente complementarias: por un lado, el uso de terceros para ocultar gastos propios; por otro, intentos de incidir sobre lo que esos mismos terceros iban a declarar ante la Justicia. Si ambas líneas se confirman judicialmente, el expediente de Adorni dejaría de ser solo una discusión sobre el origen de su patrimonio para convertirse en una causa con eventuales implicancias sobre entorpecimiento de la investigación.

El Gobierno, mientras tanto, sostiene la versión de que la renuncia fue una decisión personal de Adorni y que Milei sigue confiando en su inocencia. Esa narrativa convive, cada vez con más dificultad, con un expediente que crece a diario en Comodoro Py.