El reciente DNU de expulsión de extranjeros que promuevan »mensajes de odio», sumando la habilitación de cobrar aranceles en educación, trae sospechas en cuanto a los verdaderos motivos a días de la votación de la Ley de Tierras.
Nuevamente, el Gobierno nacional trajo a la agenda pública el recordatorio de que los rectores de las universidades públicas están habilitados a cobrar aranceles a extranjeros desde el 28 de mayo de 2025. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, aquellos extranjeros que no posean residencia permanente podrían ver perjudicado su acceso a una educación no arancelada.
Otro DNU publicado el 29 de julio generó aún más revuelo: a partir de ahora, se adecúa la normativa migratoria »con el fin de impedir el ingreso o la permanencia en el país de todos aquellos extranjeros que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita» hacia la República Argentina. Cualquier mensaje o acto que sea interpretado como un ataque hacia la Nación será suficiente para su expulsión o su prohibición de ingresar al país.
Sin embargo, resulta llamativo que, a pesar de este repentino brote de nacionalismo por parte del Gobierno nacional, se esté intentando aprobar una ley en donde se habilite la compra sin límites de tierras argentinas por parte de entidades y civiles extranjeros.
Estamos hablando de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también conocida como Ley de Tierras. Aunque presenta algunas excepciones como la venta a Estados o cuando se trate de zonas fronterizas, la habilitación de compra sin tope de porcentaje implica un riesgo no sólo para las poblaciones locales que podrían verse desplazadas, sino también para la estabilidad nacional y regional.
Pan para hoy, hambre para mañana
A raíz de estos pronunciamientos y nuevas normativas surgen algunas preguntas. ¿Cuál es el sentido de expulsar a extranjeros que promuevan »discursos de odio» si se habilita a grandes multinacionales y millonarios a comprar territorio argentino?
¿Será una medida genuina, o será una distracción para ocultar una decisión verdaderamente condicionante para el futuro de nuestro país como es la Ley de Tierras?
Más allá o más acá de los debates inmigratorios y simbólicos, probablemente se esté intentando empañar el foco de nuestra atención con medidas superficiales que poco afectan a la soberanía nacional. En cambio, vender nuestra tierra al mejor postor sí que no tiene marcha atrás, y las consecuencias ya pueden verse con el ejemplo de la compra de Lago Escondido por parte del millonario Joe Lewis.
Motivos como la atracción de inversiones o la productividad no pueden ser más importantes que la estabilidad nacional y la protección del suelo con el que nos alimentamos y el agua que tomamos.
