El Senado retoma este jueves un proyecto que ya había intentado pasar por decreto y que ahora busca blindarse con media sanción. Al oficialismo todavía le faltan dos votos para el número que necesita, mientras se define no solo el futuro de la tierra rural sino también qué puede hacerse con los bosques y campos que se quemen de acá en adelante.

Este jueves 6 de agosto se debate en el Senado el proyecto llamado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Originariamente iba a ser tratado el 16 de julio, pero ante la falta de apoyo político fue pospuesto por un pedido de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza. Dicho proyecto trata la derogación de varios artículos clave de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

El eje declarado por el Gobierno es «fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes». Este nuevo proyecto ya tiene antecedentes similares y se suma a una serie de medidas que el Gobierno ya había implementado, o intentado implementar. Milei ya había intentado la derogación de la Ley 26.737, conocida como “Ley de Tierras” mediante el DNU 70/2023, pero no pudo hacerlo por una medida cautelar presentada por un Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. Por otro lado, mediante un decreto el 9 de diciembre del año pasado, anunciado por el exvocero presidencial Manuel Adorni, Milei ya derogó los artículos 22 bis y 22 quáter de la Ley 26.815, la Ley de Manejo del Fuego, pero esta vez busca el sustento legislativo.

Los cambios que plantea el Gobierno son a la derogación o modificación de artículos que están destinados a proteger la soberanía de nuestro país. En la Ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre de 2011, una de las principales modificaciones está en el “Capítulo III De los límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales”, que ahora pasa a llamarse “De los límites al dominio de entes gubernamentales extranjeros sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales”. El artículo 3, el primero de este capítulo, lo sustituye casi por completo, al igual que el título, modifica cada vez que se habla de “Personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no su domicilio real en territorio de la Nación Argentina” por “Estados extranjeros, sus organismos centralizados, descentralizados o autárquicos, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos de un Estado extranjero”. Es decir, en lugar de hablar de personas físicas extranjeras, pasa a hablar de entes gubernamentales extranjeros; por lo que habilita a extranjeros, ya sean personas y/o empresas, a la compra de tierras.

A esto se suma el cambio de las últimas horas, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, filtró ayer un nuevo borrador que eleva el tope de extranjerización del 15% actual al 25%, pero circunscrito al territorio de cada provincia. La ley vigente limita la compra de tierras por extranjeros en tres niveles a la vez: nacional, provincial y departamental, siendo este último el que en los hechos regula la concentración real, porque ahí es donde se ubican las cuencas de agua dulce, los yacimientos de litio y las tierras productivas de mayor valor estratégico. Organizaciones ambientales denunciaron que el nuevo dictamen sostiene el tope provincial pero no aclara con la misma precisión el límite departamental, algo que, de confirmarse, permitiría concentrar la propiedad extranjera en un puñado de departamentos puntuales sin acercarse nunca al 25% a escala provincial. La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, ejemplificó con el caso de Neuquén: Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso representan apenas el 4,5% de la superficie provincial, pero conforman casi la totalidad del departamento de Los Lagos, que bajo el nuevo esquema podría extranjerizarse por completo sin infringir el tope. También lo ejemplifica con los salares Jujuy, Salta y Catamarca, que están concentrados en pocos departamentos y acumulan casi la totalidad de las reservas de litio. 

Por otro lado, en cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, sancionada el 28 de noviembre de 2012 y actualizada el 24 de diciembre de 2020, buscan derogar, y blindar tras una ley, el artículo 22 bis que prohíbe, en caso de incendio, accidental o provocado, en áreas protegidas, bosques nativos o implantados, entre otros, por al menos sesenta años la utilización de esas tierras para un destino comercial (por ejemplo, emprendimiento inmobiliario) y/o distinto al previo. Además, también se quiere derogar otro similar, el artículo 22 quáter que dice que en caso de incendio, accidental o provocado, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, entre otros, se encuentra prohibido por treinta años el uso de esas tierras con un fin comercial y/o distinto al previo.

Entonces, lo que desde el Gobierno llaman un fortalecimiento de las garantías constitucionales de la propiedad es, en realidad, un proyecto que busca eliminar casi en su totalidad a la Ley de Tierra y flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, por lo menos de forma encubierta. ¿Es casualidad que esta reforma incluya modificaciones y derogaciones similares en dos leyes destinadas a la defensa del territorio argentino? ¿O es una forma de impulsar una estrategia, blindada a través del poder legislativo, que prioriza los intereses de grandes capitales extranjeros o de personas y/o empresas foráneas?

De acuerdo con el Observatorio de Tierras, a nivel nacional, actualmente 13.243.219,49 de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de extranjeros. Ese porcentaje, aproximadamente un 5% repartido por todas las provincias, en 36 departamentos ya se excede del límite fijado por ley del 15%. Los casos más extremos son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. Estos departamentos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. Por otro lado, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) ya superan más del 30% de extranjerización. Son departamentos que se encuentran sobre el Río Paraná, la principal vía fluvial navegable de nuestro país. Se marca un patrón claro, la extranjerización más crítica se da en territorios con recursos y bienes estratégicos (minerales, recursos hídricos o puertos) y en zonas fronterizas (tanto norte como cordillera).

Los principales poseedores de estas tierras son de nacionalidades estadounidense y europea. Estados Unidos encabeza la lista con 2.700.000 de hectáreas, seguido por Italia y España, entre los tres concentran el 50% de la tierra extranjerizada.

Este jueves 6 de agosto los senadores tienen que votar a favor o en contra de este proyecto de ley. Hasta el momento, el oficialismo reúne 35 de los 37 votos que necesita para la mayoría simple, y el resultado final depende de un puñado de senadores que todavía no confirmaron su posición. Por ese motivo se convocó a una marcha multitudinaria para el jueves a las 17 h, con una convocatoria amplia que va desde la CGT y los sindicatos docentes hasta agrupaciones políticas, organizaciones ambientales y autoconvocados.