Este miércoles la UNLP no tiene actividad por el Día de la Universidad. El jueves tampoco, pero por otro motivo: docentes y no docentes vuelven a parar mientras la Justicia ya dejó firme el fallo que obliga al Gobierno a pagarles lo que corresponde. Dos jornadas sin clases que dicen más sobre el estado del conflicto universitario que sobre el calendario académico.

La Universidad Nacional de La Plata arrancó la semana con dos días consecutivos sin actividad académica ni administrativa. Hoy es asueto por el Día de la Universidad, una fecha que se repite cada año y que en cualquier otro contexto pasaría como un dato de color. Pero el jueves esa misma parálisis se repite por un motivo completamente distinto: docentes y no docentes de todas las facultades vuelven a parar, y esta vez lo hacen con una novedad judicial de peso detrás.

La medida del jueves fue impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, que se plegó al paro nacional convocado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. Horas después se sumó la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, que decidió adherir un día después de la protesta nacional. El reclamo combina lo salarial con lo presupuestario y apunta directamente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

Ese incumplimiento ya no es una acusación gremial sin respaldo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes, después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. El expediente pasó al juzgado de Martín Cormick para que avance con la ejecución. En criollo: al Gobierno se le acabaron las instancias para seguir demorando el pago.

¿Alcanza un fallo firme para torcer una decisión que responde, sobre todo, a una lógica de ajuste fiscal transversal? Ahí es donde el conflicto entra en una zona gris. El propio Ejecutivo argumentó ante la Justicia que aplicar la ley pone en riesgo el equilibrio presupuestario y llegó a pedir apartar a los jueces de la Corte de la causa, algo que un tribunal calificó de argumento poco serio. La resistencia oficial a cumplir no es nueva ni parece agotada por un fallo, por más firme que sea.

El dato que grafica la magnitud del ajuste es otro: según cifras de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el recorte transversal a los ministerios rondó los 2,43 billones de pesos, una cifra llamativamente parecida a lo que desde la Casa Rosada habían dejado trascender que costaría cumplir con la ley universitaria. La coincidencia numérica no prueba una intención, pero tampoco ayuda a disiparla.

En paralelo, el conflicto también empezó a mudarse al terreno penal. El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, señalándolo como responsable de la ejecución de las partidas presupuestarias que la ley exige liberar. No es un dato menor en un conflicto que hasta ahora se dirimía casi exclusivamente en tribunales civiles y en las calles.

Para la UNLP, el resultado inmediato es más prosaico pero no menos elocuente: dos días sin clases que empiezan por un festejo institucional y terminan en una medida de fuerza. La superposición no fue planeada por nadie, pero termina funcionando como una fotografía bastante precisa del momento que atraviesa el sistema universitario nacional, uno en el que ni una fecha conmemorativa alcanza para separar la gestión académica del ajuste que la atraviesa.