La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados avanza con una ley que obligaría a las plataformas a verificar edades, transparentar algoritmos y hasta regular los chatbots que funcionan como sustitutos afectivos. El consenso sobre el diagnóstico cruza a casi todos los bloques. La pregunta es política: cuánto puede prosperar una regulación así bajo un gobierno que hizo de la desregulación su bandera.

La escena se repite en cada reunión informativa de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados: especialistas, organismos y funcionarios coinciden en que las plataformas digitales se volvieron un territorio de riesgo para las infancias y adolescencias, y en que el Estado llega tarde. En ese marco, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación llevó una definición que ordena todo el debate: los chicos deben ser entendidos como sujetos en situación de hipervulnerabilidad en las relaciones de consumo. No es un matiz. Es la base jurídica sobre la que se apoya cualquier intento de regulación.

El planteo del organismo es amplio y ambicioso. Reclama una norma integral que regule el acceso a redes, plataformas y dispositivos, y también sus contenidos; que prevenga los riesgos de contacto y los impactos subjetivos nocivos; que imponga configuraciones de privacidad transparentes y seguridad protectora por defecto; que prohíba el perfilamiento de datos de niñas, niños y adolescentes; y que obligue a las plataformas a contar con moderadores y con sistemas de verificación de edad. A esa lista, la Defensoría sumó un punto que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción y hoy es urgente: regular los chatbots de acompañamiento emocional, diseñados como sustitutos afectivos y sin ninguna supervisión profesional detrás.

El debate no arrancó de la nada. La comisión que preside Pablo Yedlin viene realizando reuniones informativas desde junio, con la intención declarada de fusionar la catarata de proyectos en un único dictamen. Sobre la mesa hay iniciativas de distinto signo. La de la diputada María Jimena López propone un régimen por edades que prohibiría crear cuentas antes de los 13 años y exigiría consentimiento parental hasta los 16. La del socialista Esteban Paulón evita fijar una edad y apunta directo al corazón del problema, que son los algoritmos y su diseño adictivo. La de María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, pone el eje en la protección de datos. Todas miran, de reojo, lo que ya ocurre en Europa, donde Francia aprobó este año una ley que prohíbe el acceso a las redes a los menores de 15 años.

DEBATE SIN RESPUESTAS CLARAS

Acá aparece la pregunta que ninguna exposición técnica termina de responder. ¿El problema se resuelve prohibiendo cuentas según la edad, o está metido en el diseño mismo de unas plataformas pensadas para retener la atención a cualquier costo? La propia Defensoría, en su Pronunciamiento N° 32, describió ese engranaje con nombre y apellido: el sistema de datos, algoritmos y plataformas montado sobre la economía de la atención, con patrones de diseño que empujan al consumo compulsivo. Poner la lupa sobre la edad del usuario y no sobre la ingeniería de la plataforma podría terminar siendo una regulación cómoda, que no incomoda a nadie.

Y ahí asoma la tensión política de fondo, la que no figura en los proyectos pero condiciona su destino. Todo este andamiaje supone un Estado dispuesto a intervenir, a fijarles obligaciones a las grandes tecnológicas y a sancionarlas si no cumplen. Es exactamente el tipo de intervención que el Gobierno nacional rechaza por convicción ideológica. Un oficialismo que hizo de la desregulación su marca registrada difícilmente empuje una ley que le ordena al Estado meterse en el negocio de las plataformas. El consenso sobre el diagnóstico es transversal y cruza a casi todos los bloques. La voluntad de convertir ese diagnóstico en una ley con dientes es otra cosa.

Por eso, más allá de los tecnicismos, la discusión se juega en un plano más simple. La evidencia sobre los daños está, la demanda social existe y hasta hay proyectos escritos. Lo que falta por verse es si el sistema político está dispuesto a confrontar con las plataformas en un contexto donde el poder de turno desconfía, por principio, de cualquier regulación. La suerte de estos proyectos no depende tanto de lo que digan los especialistas como de esa decisión