La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volverá a paralizar sus actividades este jueves 27 y viernes 28 de agosto, con un paro de docentes y trabajadores nodocentes que se inscribe en una nueva jornada nacional de protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei hacia las universidades públicas.
La medida, impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), alcanza a las 57 universidades nacionales y tiene como principal reclamo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, sancionada por el Congreso en 2025.
El conflicto no solo se mantiene en el terreno gremial. También llegó a la Justicia: en junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a avanzar con la aplicación de la ley, que contempla, entre otros puntos, mecanismos para recomponer los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
Un acuerdo que no desactivó el conflicto
El nuevo paro se produce apenas dos meses después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos del sector.
La paritaria firmada el 10 de junio estableció una recomposición del 24,33% de la masa salarial universitaria: un 21,33% desde junio, calculado sobre los salarios básicos de mayo, y otro 3% previsto para octubre sobre los básicos de septiembre.
El entendimiento también contempló un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades desde junio, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios durante 2026 y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, para los gremios, el acuerdo quedó lejos de resolver el problema de fondo. CONADU sostiene que el Gobierno continúa sin cumplir de manera integral con la Ley 27.795 y cuestiona que los aumentos acordados no compensan el deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación.
La discusión, de este modo, vuelve a enfrentar dos posiciones: mientras la administración de Milei presenta el acuerdo paritario como una muestra de cumplimiento, los sindicatos denuncian que se mantiene una política de ajuste sobre el sistema universitario y reclaman que se respete una ley aprobada por el Congreso.
Qué reclama la comunidad universitaria
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada el 21 de agosto de 2025 y establece una serie de obligaciones para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Entre ellas, dispone que los gastos de funcionamiento se actualicen de acuerdo con la inflación y establece mecanismos de actualización para partidas destinadas a las universidades, hospitales universitarios, ciencia y técnica y extensión.
En materia salarial, la norma ordena recomponer los ingresos de docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 hasta su sanción, tomando como referencia la evolución del IPC. También establece que las negociaciones paritarias deben realizarse con una frecuencia no mayor a tres meses y contemplar actualizaciones mensuales que no sean inferiores a la inflación.
El texto también contempla la recomposición de las becas estudiantiles, la ampliación de la cantidad de beneficiarios y fondos específicos para investigadores y proyectos vinculados con ciencia, infraestructura, equipamiento, tecnología y bienestar estudiantil.
Para los sindicatos, buena parte de estas disposiciones continúa sin materializarse.
Así, el paro de este jueves y viernes vuelve a poner en evidencia el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria. Con una ley aprobada por el Congreso y una medida cautelar ratificada por la Corte Suprema, docentes y nodocentes vuelven a reclamar que el Ejecutivo deje de postergar su aplicación y garantice los recursos necesarios para sostener la educación pública.
El conflicto, lejos de cerrarse con el acuerdo salarial de junio, vuelve a mostrar una disputa de fondo: qué lugar ocupará la universidad pública en el modelo de Estado que impulsa el Gobierno de Milei.
