Una constructora creada en 2018 terminó con su presidente imputado en la causa por los loteos irregulares de la gestión de Julio Garro. Un testimonio en el expediente apunta a Luis Barbier, el secretario de Obras de aquellos años, como el hombre detrás de la empresa. Barbier todavía no se sentó frente al fiscal.

Entre las empresas que la Justicia allanó el 17 de marzo de 2025 en la causa por los barrios privados habilitados sin aval provincial en La Plata, había una que pocos conocían fuera del circuito de la obra pública regional. Sol Vial S.A. apareció junto a Bordigoni y Cía. SRL, Agrycon S.A. y Les Baux, y su presidente, Facundo Dadin, quedó entre los imputados. Según los registros societarios citados en el dossier que dio origen a esta nota, la firma se constituyó en marzo de 2018, con domicilio fiscal en Ensenada y la construcción de obras de ingeniería civil como actividad principal. Su crecimiento coincide con la segunda mitad de la gestión de Garro.

Para entender ese recorrido, la mirada se posa sobre Luis Esteban Barbier, secretario de Obras y Servicios Públicos durante los ocho años de Cambiemos en la capital bonaerense y el funcionario que manejaba buena parte de los expedientes de obra y urbanización. Su nombre no figuraba en la orden de allanamiento, pero es el que más se repite en los testimonios. Según publicó Realpolitik, un desarrollador relató que los representantes de Sol Vial daban a entender que eran amigos de Barbier, a quien ubicaba detrás de la empresa, y que contratarlos garantizaba que las obras se aprobaran sin trabas. Es un testimonio, no una conclusión judicial. Al momento de los allanamientos, según esa misma fuente, Barbier seguía vinculado laboralmente al CEAMSE.

¿Cómo llega una empresa de corta trayectoria a quedar en el centro de un expediente de esta escala? El patrón entre funcionarios y empresas ofrece una pista. Marcelo Genoro, exdirector general de Obras Viales del municipio, se incorporó a Bordigoni después de dejar el cargo, según informó El Día. Nahuel Paradela, exsubsecretario de Servicios Públicos de Garro y también imputado, figura como vicepresidente y socio de Dadin en Sol Vial, de acuerdo con El Correo Gráfico. Si el dato se confirma, la frontera entre quien controlaba y quien ejecutaba se vuelve difícil de trazar.

La investigación tramita ante la UFI N°5 de La Plata, a cargo de Juan Ignacio Mennucci, bajo control de la jueza de Garantías Marcela Garmendia, después de que la actual gestión municipal pidiera apartar al fiscal anterior. La denuncia de la Comuna habla de unos 450 loteos comercializados entre 2015 y 2023, de los cuales cerca de 250 no podrían regularizarse.

En agosto, Garro fue notificado de su imputación. Barbier fue citado pero no se presentó: informó que estaba de viaje. Hasta el cierre de esta nota no había confirmación pública de que ya hubiera sido notificado. ¿Qué explica que el funcionario señalado como pieza central sea el último en pasar por la fiscalía?

El Correo Gráfico agrega dos elementos que conviene leer con cautela, porque no tienen por ahora confirmación independiente. Uno es una supuesta planilla de cobros a desarrolladores, conocida como la planilla del peaje.

Un expediente adulterado, vinculado a una rotonda en La Cañada, habría beneficiado a Agrycon y Bordigoni. Ariel Bordigoni negó haber firmado contratos con el municipio por barrios privados.

La ruta de la empresa tampoco se detuvo en La Plata. En septiembre de 2025, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y el municipio de Berisso, que conduce Fabián Cagliardi, firmaron el inicio de obra de tres playones deportivos. Según El Correo Gráfico, la obra quedó en manos de Sol Vial por contratación directa, por unos $325 millones, cuando Dadin ya estaba imputado. Ese medio informa además que en marzo de este año una unión transitoria entre Hidraco S.A. y Sol Vial ganó la licitación de la calle 32, también del OPISU, por $1.463 millones. Los comunicados oficiales confirman las obras, pero no nombran a la contratista. El propio Dadin explicó a InfoPlatense que la empresa reorientó su cartera hacia los municipios bonaerenses cuando se derrumbó la obra pública nacional.

En el plano urbanístico, la firma también quedó asociada, siempre según El Correo Gráfico, a un portón instalado sin autorización municipal sobre la calle 470, en la zona de La Cañada, en City Bell. Una imputación no es una condena, y nada de lo publicado hasta ahora prueba por sí solo la existencia del esquema que se investiga. Resta saber si la fiscalía avanzará sobre Barbier y qué documentación surge de las adjudicaciones.