Hace unos días, una columna de la marcha contra los recortes en educación se desvió hasta San José 1111 y se quedó cantando bajo el balcón de Cristina Fernández de Kirchner. Ella salió unos segundos, saludó y volvió a entrar. Adentro la esperaba The Washington Post, que publicó la primera entrevista que la expresidenta concede a un medio internacional desde que la Corte Suprema dejó firme su condena en la causa Vialidad, en junio de 2025.
Lo que dejó la charla no es una postal de resignación. Consultada por 2027, Cristina no se bajó: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió según la versión del diario. El condicional no es un detalle. Hoy la expresidenta cumple una pena de seis años en prisión domiciliaria, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su vida política se reduce a cuatro horas semanales de visitas, repartidas en dos días y con un máximo de tres personas por vez.
La llave que imagina para salir de ese encierro está en Ginebra. El 29 de julio anunció que llevaría su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con una defensa encabezada por Beraldi junto al brasileño Rafael Valim y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Uno de los pedidos fue una medida cautelar para suspender la inhabilitación perpetua y revisar el proceso judicial. Valim formó parte del entorno jurídico de Lula da Silva, y la estrategia toma como referencia ese caso, cuyo proceso fue cuestionado por el Comité en 2022. El abogado sostiene que el Estado argentino deberá cumplir cualquier decisión que adopte el Comité. Pero el Comité no es un tribunal y no tiene facultades para anular sentencias nacionales, algo que el propio Washington Post remarca. ¿Alcanza un dictamen de Naciones Unidas para torcer un fallo que pasó por el Tribunal Oral, Casación y la Corte? ¿O el valor real de ese camino es más político que judicial? Flávia Piovesan, exvicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo planteó al diario en esos términos: una resolución favorable le daría a Cristina un relato de reivindicación con peso en la política interna, aunque no la habilite de manera automática.
La otra apuesta de la entrevista mira hacia el norte. A horas de las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos, Cristina pronosticó una derrota de Donald Trump y la leyó como un anticipo regional: el presidente que más empujó a las derechas latinoamericanas, dijo, perdería en su propio país. La lógica es transparente. Si el principal aliado internacional de Javier Milei pierde volumen, el oficialismo argentino también. ¿Pero no es arriesgado atar la propia narrativa al humor del electorado norteamericano? El resultado se conocerá antes de que esta discusión se enfríe.
Hay un pasaje menos previsible. Cristina reconoció que el peronismo contribuyó a su propia derrota en 2023, con una inflación anual que llegó al 211% y una pobreza que trepó al 40% durante el gobierno que compartió con Alberto Fernández. Habló incluso de un derrumbe de la cultura del trabajo. Para la expresidenta, el desafío no pasa solo por volver al poder. También hay que entender la bronca que llevó a votar a quienes prometían dinamitar el sistema y ofrecer propuestas que la gente crea realizables.
Sobre la causa, volvío a decir que es inocente. Fue condenada por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, y absuelta por asociación ilícita. Ella sostiene que se trata de una persecución política y desafió a que le muestren dónde está el dinero: si lo hubiera robado, argumentó, no estaría presa.
En territorio bonaerense, la entrevista cae sobre un peronismo que ya discute 2027 sin candidato de unidad. Cristina sigue presidiendo el PJ nacional y, según encuestas citadas por el Post, su aprobación ronda el 30%, apenas por encima de la de Milei.
Por ahora, lo concreto, esperar las elecciónes en Estados Unidos y una resolución rápida del ámbito internacional. El Comité de la ONU todavía debe expedirse sobre la admisibilidad del reclamo, y la inhabilitación perpetua sigue vigente. Cualquier candidatura depende de que esa secuencia se resuelva antes de que cierre el calendario electoral de 2027.
