A 48 años del golpe de Estado de 1976, la Argentina sigue enfrentando el debate sobre el número exacto de desaparecidos durante la última dictadura militar. Aunque existen diferencias en las cifras, lo que está probado judicialmente es la existencia de un plan sistemático de represión y exterminio, con secuestros, torturas y apropiación de bebés, lo que configura crímenes de lesa humanidad.
Los organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30.000 desaparecidos, basada en denuncias y testimonios recopilados a lo largo de los años. Sin embargo, el informe oficial de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) documentó en 1984 un total de 8.961 casos, advirtiendo que la cifra real podría ser mucho mayor. Estudios posteriores y sentencias judiciales han identificado alrededor de 12.000 víctimas, incluyendo desaparecidos y asesinados.
La dictadura implementó un aparato represivo basado en la persecución de opositores políticos, centros clandestinos de detención y la apropiación sistemática de bebés nacidos en cautiverio. Estos hechos han sido reconocidos como crímenes de lesa humanidad, lo que implica que son imprescriptibles y continúan siendo juzgados en tribunales argentinos.
A pesar del paso del tiempo, el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia sigue vigente en la sociedad argentina, con juicios en curso y la búsqueda de los nietos apropiados durante la represión.
