La Justicia penal de La Plata confirmó la prisión preventiva de los dos empleados del Senado bonaerense imputados por una serie de abusos sexuales agravados, amenazas y privación ilegal de la libertad, aunque al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de que, en una etapa posterior del proceso, puedan cumplir la detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki para que Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz permanezcan detenidos mientras avanza la instrucción penal y hasta la realización del juicio oral.
Ambos están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado, además de privación ilegítima de la libertad, amenazas y violación de domicilio, en una causa que —según el expediente— reúne al menos nueve hechos documentados y múltiples víctimas jóvenes.
Una causa que se extendió durante más de una década
La investigación se inició formalmente en 2015, aunque tomó verdadero impulso entre 2019 y 2025, cuando varias mujeres se presentaron ante la fiscalía de la UFI N.º 2 de La Plata y relataron un patrón reiterado de captación bajo promesas de trabajo, estudio y acceso a espacios de militancia política.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados habrían montado una estructura cerrada con rasgos sectarios, denominada “La Orden de la Luz”, que funcionaba dentro y en torno al ámbito legislativo. Ese entramado combinaba funciones institucionales con espacios paralelos de cooptación, control y sometimiento psicológico.
Parte de los abusos denunciados —que incluyeron manipulación emocional, amenazas y episodios de violencia— habrían ocurrido incluso dentro de la oficina conocida como “007” del Senado bonaerense, dependiente de la Presidencia de la Cámara Alta provincial, lo que profundizó la gravedad institucional del caso.
Detenciones y fundamentos de la prisión preventiva
Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre de 2025 en la ciudad de La Plata, luego de una serie de allanamientos en los que se secuestraron dispositivos electrónicos que actualmente están siendo peritados.
La fiscalía sostiene que las víctimas —en su mayoría jóvenes en situación de vulnerabilidad— fueron captadas a partir de su militancia política y luego sometidas a abusos sexuales, amenazas e incluso privación de la libertad. También se investigan maniobras destinadas a evitar las denuncias y a mantener el control sobre las víctimas.
En ese marco, el juez Masi consideró acreditados los riesgos procesales, tanto por la posibilidad de fuga como por el entorpecimiento de la investigación, y remarcó la necesidad de proteger a las denunciantes mientras la causa avanza hacia la etapa de juicio oral.
¿En qué instancia podría darse la domiciliaria?
Si bien la prisión preventiva fue ratificada, el magistrado ordenó iniciar el trámite para evaluar, en el futuro, una eventual morigeración de la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La eventual concesión dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y de la evolución del proceso judicial, por lo que por el momento los imputados continuarán detenidos.
Desde la defensa ya anticiparon que analizarán solicitar ese beneficio en instancias posteriores, una posibilidad que la Justicia dejó expresamente abierta pero que aún no fue resuelta.
Impacto político e institucional
El caso generó fuertes repercusiones en el ámbito político bonaerense. Legisladoras del peronismo impulsaron un proyecto para que el Senado provincial se pronuncie formalmente sobre lo ocurrido, reclame celeridad en la investigación y garantice el acompañamiento integral de las víctimas.
La iniciativa busca visibilizar el caso dentro de la Legislatura y marcar una posición institucional frente a hechos que combinan violencia de género, prácticas sectarias y el uso de estructuras del Estado.
