Mar, 13 enero, 2026
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Abusos en el Senado: la causa avanza y crece la tensión política

La causa que investiga los presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense entró en una etapa decisiva. Con los imputados ya detenidos y procesados, la Justicia avanza con pedidos de prisión preventiva, audiencias clave, control de la prueba y la declaración de un testigo central que puede definir el rumbo del expediente.

La causa penal que investiga los presuntos abusos sexuales cometidos dentro de la Cámara de Senadores bonaerense atraviesa una etapa decisiva y comienza a generar una tensión política cada vez mayor. Con los imputados ya detenidos y procesados, el expediente que tramita en la Justicia Penal de La Plata avanza con definiciones clave que pueden marcar el rumbo judicial e institucional del caso.

La investigación está radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacki, y tiene como imputados a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente de la Legislatura bonaerense. Los dos están acusados por hechos de abuso sexual denunciados por varias víctimas, que relataron episodios ocurridos en dependencias oficiales del Poder Legislativo provincial.

Prisión preventiva en análisis

Uno de los puntos centrales del expediente es la prórroga del plazo para solicitar la prisión preventiva de los imputados. La fiscalía tendrá tiempo hasta el 29 de enero para presentar formalmente ese pedido ante el Juzgado de Garantías interviniente.

Se trata de una instancia determinante: la prisión preventiva implica que, para la fiscalía, ya se encuentran acreditados —en esta etapa del proceso— la existencia del delito, la probabilidad de autoría y la presencia de riesgos procesales, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Hasta que esa situación se defina, Rodríguez y Silva Muñoz continúan detenidos en el marco del procesamiento dictado en la causa.

Audiencias y disputa judicial

En paralelo, la defensa de los imputados solicitó la realización de audiencias en los términos del Artículo 168 bis del Código Procesal Penal bonaerense. Estas audiencias se llevarán a cabo una vez que la fiscalía formalice el pedido de prisión preventiva.

En ese ámbito, la fiscalía deberá fundamentar su solicitud y la defensa podrá oponerse, cuestionar los riesgos procesales y presentar sus argumentos. Luego de escuchar a todas las partes, el juez de Garantías resolverá si hace lugar o no a la medida. En causas de alto impacto institucional, estas audiencias suelen convertirse en uno de los momentos más sensibles del proceso.

Control de la prueba y testigos de descargo

Otro de los movimientos relevantes fue el pedido de la defensa para acceder y revisar la totalidad del material probatorio incorporado al expediente, además de la presentación de testigos de descargo.

En esta etapa se evaluará la prueba reunida por la fiscalía —declaraciones de las víctimas, pericias, comunicaciones electrónicas y material secuestrado durante los allanamientos— junto con los elementos que la defensa intente incorporar. Las víctimas, cuyas identidades se mantienen en reserva, cuentan con el patrocinio de los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly. El análisis de este conjunto probatorio será clave para las decisiones judiciales que se adopten en las próximas semanas.

Un testimonio clave en el expediente

En los próximos días también se espera la declaración del abogado Claudio Yacoy, considerada un testimonio central dentro de la causa. Yacoy fue mencionado en el marco de una línea paralela de investigación vinculada a las irregularidades denunciadas por las víctimas durante el acompañamiento legal inicial.

Según la investigación, su nombre fue referenciado por la mujer que se presentaba falsamente como abogada de las denunciantes. Su declaración permitirá esclarecer cuál fue su rol, qué vínculos existieron y qué conocimiento tenía sobre las presentaciones realizadas —o no— en nombre de las víctimas.

Impacto político e institucional

Mientras la causa avanza en el plano judicial, el impacto político no deja de crecer. Los hechos denunciados habrían ocurrido dentro de dependencias oficiales del Senado bonaerense, lo que expone posibles responsabilidades institucionales por acción u omisión y mantiene bajo la lupa a la conducción del Poder Legislativo provincial.

Con la eventual definición sobre la prisión preventiva, las audiencias ante el juez de Garantías, el control de la prueba y la incorporación de nuevos testimonios, el expediente entra en una fase de definiciones. El resultado de estas instancias será determinante para el futuro inmediato de los imputados y para el rumbo de una causa que mantiene en vilo a toda la política bonaerense.

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