La histórica y controvertida decisión del Tribunal Supremo de EEUU, que el lunes reforzó enormemente los poderes del Ejecutivo al interpretar que un presidente tiene inmunidad total para sus «actos oficiales», ya tiene consecuencias prácticas. El tribunal de la ciudad de Nueva York que juzgó y condenó a Donald Trump hace unas semanas por el caso de los pagos a una actriz porno y las mentiras asociadas a la investigación, convirtiéndolo en el primer ex presidente castigado penalmente y el primer candidato con antecedentes en unas elecciones, ha aceptado la petición de urgencia de los abogados del multimillonario, y ha decidido retrasar al 18 de septiembre la decisión sobre la pena, que podría implicar desde libertad vigilada a cuatro años de cárcel, pasando por una pena de algunas semanas.
Los letrados se movieron rápidamente tras leer la decisión del Supremo, y en cuestión de horas cursaron la petición. La fiscalía de Nueva York, informa The New York Times, no se opuso. «Aunque creemos que los argumentos del acusado carecen de fundamento, no nos oponemos a su solicitud de autorización para presentar la demanda y a su supuesta solicitud de aplazar la sentencia en espera de la determinación de su moción», respondió por escrito Joshua Steinglass, uno de los fiscales asistentes de distrito que juzgó el caso contra el presidente.
Así que todo quedaba en manos del juez Juan M. Merchan. Las consecuencias de esa inmunidad son enormes y evidentes de cara al futuro, y sobre los muchos casos que Trump tiene abiertos, en especial los cuatro cargos que el fiscal especial Jake Smith ha preparado por conspiración y obstrucción en sus intentos de aferrarse al poder y no conceder la derrota en las elecciones de 2020. Pero quizás también, de forma indirecta, en el que está visto para sentencia.
Trump fue condenado en mayo por falsedad documental, engaños contables y todo tipo de maniobras para ocultar en los registros de sus empresas el pago a Stormy Daniels, una actriz pornográfica con la que había mantenido relaciones sexuales, a cambio de su silencio. Hasta 34 cargos diferentes sobre ingresos, cheques y en los libros de las empresas en los últimos compases de las elecciones de 2016, para que el escándalo no afectara a sus posibilidades. Una cosa es el acuerdo de 130.000 dólares a través de un intermediario de confianza, definido como soborno por la fiscalía pero que no es ilegal. Y otra las maniobras mucho después para que no quedara rastro, cuando no era presidente. Sin embargo, la inesperada decisión del Tribunal Supremo tiene una derivada incluso más profunda que la mera inmunidad por sus acciones oficiales en la Casa Blanca.
Según la argumentación jurídica, que es válida para todos los tribunales del país, la Fiscalía no sólo no pueden procesar a un presidente por determinadas decisiones, sino que tampoco puede usar y remitirse a pruebas, evidencias, conversaciones, etc., que involucren actos oficiales para respaldar otras acusaciones. Y eso sí que es posible que sea el caso en lo que afecta al encubrimiento del pago a la actriz. El sistema legal norteamericano se sostiene en muchas ocasiones en ese tipo de vínculos, y si cae una parte o las pruebas fueron obtenidas de forma irregular, cae la totalidad de la acusación.
