La contadora Carolina Bucchino, señalada tiempo atrás en el escándalo de Natalia Foresio en La Plata, vuelve a quedar en el centro de una causa que sacude al sistema de Transporte bonaerense. Su nombre aparece nuevamente asociado a presuntas maniobras de lavado de dinero junto al exministro Jorge D’Onofrio, citado a indagatoria por hechos de corrupción que involucran al sistema de fotovigilancia, multas y la VTV.
En las últimas horas, la Justicia convocó al exfuncionario por presunto lavado de activos, fraude al Estado, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa, impulsada por el fiscal Álvaro Garganta, también alcanza a empresarios vinculados a la Verificación Técnica Vehicular y abre un nuevo capítulo en un entramado que no deja de ampliarse.
La documentación judicial revela que Bucchino habría resultado beneficiada en el alquiler de un inmueble para el Ministerio de Transporte, un dato que vuelve a conectar su figura con el universo de irregularidades que salpican a la gestión anterior.
Un alquiler bajo sospecha y un entramado familiar repetido
El expediente revela que el Ministerio de Transporte alquiló en 2024 un inmueble ubicado en calle 6 entre 44 y 45 a la firma Inmobiliaria Desio, administrada por el padre de Sebastián Desio, referente de Soluciones S.A. Según los registros, ese mismo año el edificio fue transferido a Mobmenza Desarrollos SRL, cuyos titulares eran dos personas sin solvencia acreditada: Bernardo Moreno y Florencia Mendoza Samudio.
El dato que encendió todas las alarmas fue que Mendoza Samudio es empleada doméstica de Carolina Bucchino, además de figurar como socia en la nueva empresa, mientras que Moreno arrastraba un extenso historial crediticio en categoría irrecuperable hasta apenas dos meses antes de constituir la sociedad. Ambos aparecen como posibles testaferros dentro del esquema.
La sociedad recién creada fijó domicilio fiscal en el mismo lugar donde funcionan la inmobiliaria y el estudio de Bucchino, lo que profundizó las sospechas sobre el verdadero origen de los fondos y el vínculo directo con la familia Desio.
Un edificio sin autorización y pagos que nunca se realizaron
La resolución judicial sostiene que nunca existió un acto administrativo que autorizara formalmente el alquiler del inmueble por parte del Ministerio. A esto se suma que Transporte no abonó el canon locativo durante los meses en que ocupó el lugar y luego lo abandonó, lo que deja aún más preguntas abiertas sobre el propósito real de la operación.
El fiscal Garganta remarcó que las maniobras investigadas “siguen girando siempre en torno a la misma persona: Sebastián Andrés Desio”, eje central de los contratos tecnológicos con concesionarias de VTV que incluían el cobro del 8,5% más IVA por cada inspección.
La causa vuelve a exponer un presunto circuito de corrupción familiar que involucra a Bucchino, a los Desio y a una red de empresas utilizadas para triangular fondos públicos, sumando un nuevo capítulo a una trama que no deja de expandirse y que ahora coloca al exministro D’Onofrio en el centro de la escena judicial.
