La actividad hípica en la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis histórica tras la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Economía, Pablo Julio López, por la presunta retención de más de $2.600 millones del Fondo Provincial del Juego (FO.PRO.JUE). Los fondos, regulados por la Ley 13.252, están destinados al sostenimiento de los hipódromos de La Plata, San Isidro, Dolores, Azul y Tandil, esenciales para la industria del turf.
La denuncia fue presentada ante la UFIJ 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, por la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, cuyo presidente, Mariano Fragueiro Frías, señaló que los fondos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2024 no fueron transferidos. Según el reclamo, el monto asciende a $2.622.590.300 provenientes de la recaudación de las máquinas tragamonedas, recursos fundamentales para premios hípicos y la subsistencia de cerca de medio millón de personas vinculadas a esta actividad.
Impacto en la industria del turf
El 70% de los fondos del FO.PRO.JUE está destinado a premios hípicos, que sostienen a propietarios, jockeys, entrenadores y otros trabajadores. “Sin estos recursos, la continuidad del turf es inviable, lo que podría causar la pérdida de miles de puestos de trabajo”, advirtió Fragueiro Frías.
La denuncia también apunta a posibles irregularidades en el uso de los fondos. Desde la Asociación sostienen que, en lugar de distribuir el dinero según lo establecido, el Ministerio de Economía lo habría desviado para fines no especificados.
Un contexto de tensiones y protestas
Esta situación ocurre en medio de un contexto de conflicto en el sector hípico. En septiembre de 2023, una protesta en el Hipódromo de La Plata organizada por la Asociación Vareadores, que incluye propietarios, cuidadores y jockeys, culminó en enfrentamientos armados entre facciones internas de la Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores.
Implicancias judiciales y políticas
El caso será investigado por la fiscalía de La Plata, que deberá determinar si hubo delito en la retención de los fondos. La denuncia surge en un momento delicado para la administración de Axel Kicillof, que recientemente enfrentó la renuncia del exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, investigado por corrupción.
Mientras tanto, los hipódromos y los trabajadores afectados siguen a la espera de respuestas concretas que permitan garantizar la continuidad de una actividad clave para la economía bonaerense. La resolución de este conflicto será crucial para definir el futuro de una industria profundamente arraigada en la provincia.
