Con el respaldo de sus aliados habituales, el Gobierno nacional logró aprobar un proyecto clave para la toma de deuda con el FMI, mientras en las afueras del Congreso se desarrollaba una nueva movilización en rechazo a la política económica de Javier Milei. La votación en la Cámara de Diputados resultó con 129 votos a favor, 106 en contra y 6 abstenciones, con 16 legisladores ausentes.
El oficialismo consiguió el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y algunos bloques provinciales, logrando así la mayoría simple necesaria para convalidar el DNU 179/2025, que aprueba las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas con el FMI. La maniobra del Ejecutivo evitó que el Congreso tenga que aprobar formalmente el endeudamiento, esquivando las exigencias de la Ley Guzmán (N° 27.612), que obliga a debatir y aprobar los acuerdos con organismos internacionales.
Durante la sesión, la tensión fue en aumento. Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez acusó al presidente de la Cámara, Martín Menem, de limitar los tiempos de intervención para evitar que el debate coincida con la movilización en las calles. «¡Quedate a laburar vos!», le reclamó. Más tarde, la diputada Marcela Pagano calificó a Menem de «fascista», lo que generó un fuerte cruce.
Mientras en el recinto se desarrollaba el debate, en Casa Rosada el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de Economía, Luis Caputo, se reunieron con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), cuyos legisladores fueron clave para la aprobación del DNU.
Claves del acuerdo con el FMI
El DNU 179/2025, firmado el 11 de marzo, establece un nuevo esquema de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con vencimientos hasta 2035. Si bien no se precisó el monto exacto, se confirmó que los fondos serán utilizados para afrontar pagos hasta 2029.
Desde el Gobierno justificaron la medida como una forma de fortalecer el Banco Central y reducir la volatilidad económica. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que la operación servirá para «fortalecer las reservas y estabilizar las variables macroeconómicas», mientras que el secretario de Política Económica, José Luis Daza, sostuvo que el programa permitirá evitar una crisis hiperinflacionaria.
A pesar de la aprobación en Diputados, el decreto podría enfrentar trabas judiciales, ya que vulnera lo establecido en la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que exige que cualquier endeudamiento externo debe ser aprobado por el Congreso y debe estar contemplado en el Presupuesto Nacional. Con esta maniobra, el oficialismo esquivó ambas disposiciones, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones legales.
