Mientras avanza la causa por facturación apócrifa que sacude a La Plata, el Club San Luis vuelve a quedar bajo la lupa. A las sospechas políticas se suma un conflicto urbano: una calle pública cerrada que sigue sin investigación judicial ni solución del Municipio.

La causa judicial por facturación apócrifa volvió a poner en agenda los vínculos entre política y negocios en La Plata. En ese contexto, comenzaron a multiplicarse las miradas sobre el Club San Luis. La institución aparece mencionada en publicaciones periodísticas por presuntos lazos con empresarios que prestaron servicios al Municipio durante la gestión del exintendente Julio Garro.

No hay, por ahora, una actuación judicial específica que involucre al club. Tampoco existen imputaciones contra sus autoridades ni contra exfuncionarios por estos hechos. Las conexiones señaladas circulan en el plano público y mediático. Aun así, el silencio oficial y la falta de explicaciones claras mantienen abiertas las preguntas sobre el rol que pudo haber tenido la institución dentro de una red más amplia de relaciones entre política y negocios privados.

Hasta el momento, no hay causa judicial iniciada contra el club, no hay imputaciones y no hubo pronunciamientos de la Justicia que confirmen esas conexiones. Las sospechas persisten y el tema sigue sumando capítulos en el debate público local.

Una calle pública cerrada que sigue generando conflicto

A ese trasfondo político se suma un conflicto concreto que afecta la vida cotidiana del barrio. Se trata de la situación de la calle 27, entre 520 y 522. Es un tramo que históricamente fue de uso público y que hoy se encuentra cerrado y controlado por el Club San Luis.

Vecinos de la zona denuncian que la calle fue cerrada con rejas y portones. También advierten que se impide la libre circulación y que nunca existió una consulta real a la comunidad. La cesión del espacio fue aprobada mediante una ordenanza durante la gestión de Julio Garro. Para muchos residentes, esa decisión implicó una entrega discrecional de un tramo de la traza urbana.

En el barrio describen la situación como una usurpación encubierta del espacio público. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial que determine si hubo o no delito. El conflicto lleva meses sin una definición clara y sigue generando malestar social.

Un reclamo vecinal que no encuentra respuestas

El enojo crece entre los frentistas porque, pese al cambio de gobierno municipal, la situación no se modificó. Desde la asunción de Julio Alak como intendente, no hubo avances concretos para revertir la cesión de la calle ni para garantizar la reapertura del paso público.

Vecinos aseguran que no se tomaron decisiones administrativas para anular la medida. Tampoco se avanzó en una solución de fondo. El conflicto, sostienen, quedó congelado. La nueva gestión había prometido revisar las decisiones más polémicas del gobierno anterior. En este caso, la falta de definiciones es leída como una postura pasiva que termina sosteniendo el statu quo.

Política, negocios y silencio oficial

La combinación de sospechas sobre vínculos empresariales, decisiones administrativas heredadas, falta de actuación judicial y pasividad del gobierno actual construye un escenario que distintos sectores ya describen como una trama incómoda para el poder político local.

El Club San Luis aparece en el centro de una historia que mezcla deporte, política y espacio público. Hasta ahora, ninguna autoridad dio respuestas contundentes. La Justicia no avanzó con investigaciones específicas y el Municipio no resolvió el conflicto urbano.

Mientras tanto, la calle sigue cerrada. Las sospechas siguen creciendo. Y las explicaciones no llegan. La pregunta que queda flotando en el barrio y en la política local es simple: quién se va a hacer cargo de investigar y resolver un conflicto que dejó de ser solo deportivo para convertirse en un problema político y social para La Plata.