La noche del 28 de junio de 1969, quienes estaban en Stonewall Inn decidieron que la fiesta no terminaría en los calabozos como siempre y le hicieron frente a las agresiones y detenciones arbitrarias sistemáticas que sufrían sólo por el hecho de ser gays, trans o lesbianas. Aquella noche de 1969 se escuchó un grito en medio de la violenta redada: “¡¿Alguien va a hacer algo?!” Era la voz Stormé DeLarverie, conocida como la lesbiana de Stonewall a quien la policía golpeó brutalmente. Dicen que ese grito encendió la mecha, que la siguieron drags y travestis cansadas de ser maltratadas por la policía y se sumaron los gays hartos de la propaganda con la “familia tipo” estadounidense de la época. Desde hace 55 años cada 28 de junio, en distintos países se reivindica con orgullo la revuelta de Stonewall en diferentes países.
Aunque nos separan más de cinco décadas de aquella noche y la fiesta del orgullo cada año convoque más gente, incluso por su atractivo turístico, el paso del tiempo y esa aceptación no se traduce necesariamente en ampliación de derechos y mejoras de las condiciones y calidad de vida de la población LGBTIQ+.Es innegable, que en este tiempo, en varios países de América Latina se sancionaron leyes muy significativas que dieron cuenta de avances legislativos, sociales y culturales, sin embargo como afirmó recientemente Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, “Colombia es uno de los países en América Latina que tiene más avances para las personas LGBTIQ+ pero, contradictoriamente, es uno de los que más cifras de violencia reporta”.
Sin ir más lejos, por estos días Argentina se convirtió en un laboratorio de amenazas a los derechos adquiridos, violencia económica y discursos de odio que habilitan el pasaje a actos criminales como el que sufrieron Andrea, Pamela, Roxana y Sofía, cuatro lesbianas que vivían en la habitación de una pensión en la Ciudad de Buenos Aires. La noche del 5 de mayo pasado Justo Fernando Barrientos de 67 años arrojó una molotov en la habitación, la única sobreviviente es Sofía pero para el juez el ataque no constituye un crimen de odio por la orientación sexual. No podríamos decir que los discursos de odio por parte de funcionarios o por el entorno del gobierno nacional son la causa directa de ese ataque, pero si sabemos que, al menos desde la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2023, se fue corriendo cada vez más el límite de lo decible y esas declaraciones que alientan la violencia machista hoy son la expresión de una gestión de gobierno que, paradójicamente, habla de libertad y manifiesta admiración por la política del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Crédito: Caro Cortez Osorio
El Salvador. Con orgullo y de pie ante el autoritarismo
Roberto Zapata, miembro de AMATE, una organización LGBTIQ+ que desde 2013 trabaja en San Salvador, sostiene que la diversidad sexual en El Salvador actualmente está bajo amenaza y que se identifican “muchos retrocesos por el avance de una agenda ultra conservadora del gobierno inconstitucional de Nayib Bukele”. El actual presidente fue reelecto aunque abogados constitucionalistas hayan advertido que hay artículos de la Carta Magna que lo prohíben. “Tenemos prácticamente cinco años de retroceso en materia de política pública”, señaló Zapata y añadió: “Se ha eliminado la institucionalidad específica para atender a la comunidad LGBTIQ+. Se ha prohibido cualquier tipo de material informativo, educativo o de sensibilización relativo a la diversidad sexual en los establecimientos públicos, incluso en los centros de salud se ha prohibido la recopilación de datos de personas LGTBIQ+, hasta de los registros epidemiológicos de VIH que probablemente es el mayo retroceso que hemos experimentado en estos años”.
Esta agenda ultraconservadora se encuentra respaldada por el crecimiento y la incidencia de grupos antiderechos, locales e internacionales, que con una fuerte impronta religiosa “han ejercido presión sobre el gobierno de Bukele para que adopte esta postura contra la mal llamada ideología de género”.
Por otra parte, El Salvador lleva más de dos años bajo un régimen de excepción que, tal como lo describe el activista de AMATE “ha servido para desarticular las pandillas que era una de las mayores preocupaciones de la población, pero ha sido a un gran costo social y político ya que, ha significado la suspensión de derechos civiles y ha servido para envalentonar a las fuerzas policiales y militares; se han documentado alrededor de 6500 casos de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos y, al menos, 132 se han registrado que son población LGBTIQ+”. Sin embargo, a pesar de la hostilidad gubernamental contra la organización popular de manera general, el movimiento LGBTIQ+ se encuentra en pie de lucha. “En los últimos años han surgido y se han consolidado varias iniciativas organizadas fuera de San Salvador y es una de las cosas que más destacaría ya que, históricamente el movimiento ha estado centralizado en la capital”, dice Zapata.
Para Roberto esta lucha también requiere de una articulación con otras luchas como las del movimiento feminista, la de lxs defensorxs ambientales, y señala que “es importante ampliar la postura política del movimiento LGBT más allá de las reivindicaciones específicas que, obviamente, seguimos sosteniendo”. El 29 de junio se espera, como en años anteriores, que cerca de 20 mil personas recorran las calles principales de la ciudad en la marcha del orgullo. Este año la consigna principal es “en adversidad y resistencia defendemos nuestra existencia” y se buscará dar un mensaje no solo en respuesta a los avances de la agenda ultraconservadora del régimen de Bukele sino a los regímenes autoritarios neoliberales, patriarcales, coloniales de la región y del mundo.
Crédito: Asamblea Transfeminista de mujeres y disidencias de Ecuador
Ecuador. La disidencia marika ante una agenda “apolítica” del orgullo
Belén Valencia Castro, se presenta como marika del Abya Yala. Es integrante de la Asamblea Transfeminista de mujeres y disidencias y junto a otras marikas decidieron conformar un bloque disidente al de la convocatoria que hizo la Mesa del Orgullo LGBT el año pasado. “Esta mesa o las personas que la conforman tienen unos discursos blanqueados desde la lógica del pink washing, corporativista”, señala.
“No podríamos decir que en Ecuador hay avances porque la gente ya no te violenta o ya no te agreda por ser marika. Hay una posibilidad de visibilización, pero es una visibilización de lo gay, de lo masculino, de lo blanco, de este gay de corbatita e institución, frente a lo marika que, para nosotrxs representa una reapropiación de esta palabra”, dice. Para Belén politizar el contenido de la marcha del orgullo se vuelve fundamental para alzar consignas y demandas, pero al mismo tiempo para responder a una impronta de orgullo cooptada por las estrategias del capital. En este sentido, la activista sostiene: “Sin justicia social no hay orgullo, no hay liberación sexual mientras se da un genocidio colonial. Esas son las consignas que repetimos porque creemos que el capitalismo tiene una gran facilidad de tomar nuestras luchas y separarlas”. Politizar el orgullo es recuperar la historicidad del movimiento y la memoria de quiénes lo impulsaron. “No se habla de las mujeres trans que fueron clave para despenalizar la homosexualidad en el Ecuador y muchas de ellas murieron entregando su vida a esta lucha”, dice Belén. De alguna forma, las reflexiones de Roberto en El Salvador se enlazan con las de ella cuando afirma que “fuimos entendiendo las transversalidad de todas nuestras luchas que no solo tienen que ver con el género y la sexualidad sino con una situación de clase, de racialización, de colonialidad que aún vivimos en nuestras tierras”.
Además, la activista sostiene que, en materia de derechos la situación de las disidencias sexuales en Ecuador “es brutal porque ente el ajuste estructural implantado por gobiernos anteriores y que, actualmente se profundiza con (Daniel) Noboa, considero que somos quienes menos trabajo tenemos y estamos expuestxs a la violencia”. Una hostilidad que se vive cotidianamente, por ejemplo, por no contar con una ley de cupo laboral trans, o por no haber una reparación reparación histórica para aquellas personas trans que lucharon por la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Esta lectura crítica que trae Belén desde la Asamblea Transfeminista no refiere solo a una mirada institucional de gobierno. “Siento que hay mucha indiferencia también de parte de la mayoría de la población sobre qué pasa con los cuerpos marikas, racializados, trans. Incluso, me atrevería a decir que es un problema de la misma izquierda en el Ecuador, en muchas veces no querer observar y abrazar estas otras luchas que también corresponden a la transformación del mundo y a pensarnos una vida mejor”, sostiene. Por todo esto, es que una de las consignas con las que irrumpió este bloque disidente en la marcha del orgullo de 2023 fue por una Palestina Libre de la ocupación. “No podemos pensar en la liberación de los cuerpos y de las identidades sin pensar en la liberación de los pueblos”, dice Belén. La Asamblea Transfeminista de mujeres y disidencias irrumpió para disputar el sentido del orgullo porque “lo personal es político, lo político es colectivo y lo marica es totalmente político”.
Crédito: Caro Cortez Osorio
Guatemala. El orgullo LGTBIQ+ de la comunidad maya
El 15 de enero pasado y después de muchas dilaciones para reconocer los resultados electorales, el binomio presidencial del Movimiento Semilla encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumió la presidencia de Guatemala. Por primera vez en muchos años un candidato contó con un amplio respaldo popular. Se abrió un periodo de renovación democrática que puso un límite a la trama de poder político, empresarial, jurídico y patriarcal conocida como el pacto de corruptos en Guatemala.
Aunque pasaron tan solo seis meses, la población LGTBIQ+ organizada en el comité del Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género inició su comunicado con un guiño al nuevo gobierno: “Estamos llenas de esperanza para que la promoción y defensa de los Derechos Humanos sea una línea de acción del Estado guatemalteco. Es imperante que erradiquemos los prejuicios, el estigma, la discriminación y las diferentes manifestaciones de violencia: sexual, física, psicológica, verbal y simbólica”. Para esto, se elaboró un documento con una serie de puntos claves que le solicita al Gobierno una mesa de diálogo para trabajar en pos de una política pública que atienda de forma urgente las necesidades de la población LGBTIQ+ en Guatemala. “El Observatorio de Derechos Humanos y Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género, desde la Asociación Lambda, documentó que en 2023 existieron 39 muertes violentas de personas LGBTIQ+, siendo el año con el mayor número de crímenes por prejuicio documentado. Dado que fue el año electoral aumentaron los discursos de odio, asimismo se registraron 17 casos de discriminación y 6 casos de agresión sexual, todos en contra de mujeres trans”.
Mónica Estefanía Chub es una mujer trans originaria de un pueblo maya, hablante Q’eqchi’ – castellano. Se presenta como activista y defensora de los derechos humanos en sus diversas formas. Mónica viajará para ser parte del desfile el próximo sábado 29 de junio a la ciudad de Guatemala. Viaja para visibilizar al colectivo LGBTIQ+ de las comunidades maya. “La situación es muy crítica porque hay mucha violencia y sigue en aumento. Hace tres días han asesinado a una compañera trans acá en Zacapa, Guatemala. Cada año del mes del orgullo siempre pasa esto y alguna compañera o compañero es asesinado. Estos crímenes siguen quedando impunes. Seguimos en lo mismo, no puedo decir que haya cambios. Lastimosamente estamos en una sociedad que aún nos sigue reprimiendo, violentando y asesinando”, advierte Mónica.
Sin dudas, la violencia contra la diversidad sexual es una de las demandas urgentes, tanto en materia judicial como en políticas públicas que puedan prevenir y construir otras proyecciones de vida. En este sentido, Mónica cuenta que se implementó una consulta popular en comunidades rurales. “Fue una consulta regional para escuchar nuestras voces, nuestras miradas, saber cuáles son las situaciones que hemos estado pasando. Esta consulta se está realizando en otros territorios maya, recopilando información para seguir retroalimentando la política pública”, cuenta la defensora de derechos humanos. Mónica pone énfasis en las demandas de quienes pertenecen a algún pueblo maya. “Exigimos que no se sigan violentando nuestros derechos, porque tenemos derecho a la educación, al acceso a una salud integral adecuada, a un espacio laboral digno. Lastimosamente hay compañeros y compañeras que están migrando a otros países a buscar calidad de vida. Hace poco migró un compañero gay que estuvo participando con nosotras en nuestra base comunitaria, se fue a Estados Unidos. Hace menos de un mes una compañera trans también tuvo que migrar a los Estados Unidos por la violencia que estaba pasando en su entorno social. Yo tuve que referir el caso para que tuviera un refugio de seguridad y protección. No queremos que nuestros compañeros y compañeras se sigan desplazando fuera del país, aquí deberíamos estar todas y todos”.
Por último, Mónica sostiene: “El orgullo es el orgullo de ser quien soy. Sentirme orgullosa de mi misma, de verme en un espejo y ver ese valor que he tenido para estar donde estoy. El orgullo de seguir desafiando a este sistema patriarcal, y ¡seguirlo chingándolo, porque eso es lo que hacemos! Yo como Mónica, me siento orgullosa de ser una mujer indígena, porto mi indumentaria, hablo mi idioma. Eso me ha llenado de fuerzas para poder seguir estando al frente”.
Crédito: Caro Cortez Osorio
Colombia. Nada que curar
La violencia contra las personas LGBTIQ+ en la región es una problemática constante y en muchos casos con indicadores en aumento. Colombia no es la excepción. Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa sostiene que “según el último informe de la organización, Cali y el Valle del Cauca definitivamente aparecen en alerta roja frente a la violencia contra personas LGBTIQ+”. La investigación que realizaron registró 148 crímenes contra la diversidad sexual, el 68,2% de estos asesinatos fueron cometidos contra varones gays y mujeres trans. Marcela explica que todavía es una deuda que estos delitos sean tipificados como crímenes por discriminación a la orientación sexual. Al menos, como hipótesis que luego pueda ser o no, descartada en la investigación. Además, las organizaciones de la diversidad señalan la importancia de seguir trabajando en la prevención y la ampliación de derechos.
Si bien se incrementó la agenda de marchas del orgullo en Colombia, la avanzada conservadora de grupos de ultraderecha en el poder es, sin duda, uno de los obstáculos más relevantes para la diversidad sexual. Natalia Pinillas cuenta cómo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán interpuso impedimentos para la realización de la marcha. “Hemos evidenciado un retroceso en los derechos, también desde las políticas públicas. Desde el 2016 se venía izando la bandera de la diversidad tanto en la alcaldía como en espacios públicos y a partir del 2022 se empezó también a izar la bandera trans. Este año no se va a izar, a pesar que desde las organizaciones y la sociedad civil se le ha reclamado a la alcaldía y a la secretaría de Desarrollo Social. Han puesto muchísimas excusas para no hacerlo”.
Natalia señala que estas marchas del orgullo también llevarán el pedido de una Ley Integral Trans Ya!, “un proyecto de ley que abarca distintos puntos como la salud, la identidad, la educación, el empleo, entre otros, para las personas trans y las personas no binarias”, que se viene construyendo entre más de cien organizaciones de base comunitaria en el país y está a la espera de pasar al Congreso. El proceso de paz también es una dimensión importante en el marco de las reivindicaciones LGBTIQ+ en Colombia, un país marcado por el conflicto armado. “La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz lo que ha demostrado es que distintos actores armados persiguieron a las personas LGTBIQ+ por lo que eran, por su identidad de género, por su orientación sexual. Eso también es una deuda histórica muy importante”, sostiene Marcela Sánchez.
La situación para el colectivo LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe, aunque con avances en algunos países, sigue siendo crítica. Con las particularidades de cada territorio, lo que se puede observar a grandes rasgos es que a medida que avanza hacia espacios de poder una reacción conservadora, esto se traduce en retrocesos en materia de derechos y, en algunos casos, en la réplica de discursos de odio que terminan en crímenes por prejuicio a la orientación sexual o la identidad de género. Sin embargo, aún bajo regímenes de excepción y gobiernos de ultraderecha, la organización LGBTIQ+ continúa en pie como en El Salvador o Guatemala donde también luchan por la vida digna desde las comunidades maya. Politizar el orgullo, disputar su sentido más de una vez arrebatado por las lógicas del capital, llenarlo de la memoria de quienes lucharon por un futuro mejor, enlazar las luchas desde la interseccionalidad, es entre otras cosas parte de las tareas actuales. Por eso, ahora más que nunca cobra vigencia aquello que decía el histórico activista argentino, Carlos Jáuregui: “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”.
