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sábado, junio 22, 2024

Escándalo por documentos clasificados en casa de Biden

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El secretario de Justicia de EE UU, Merrick Garland, nombró ayer a un fiscal independiente para investigar sobre los documentos clasificados hallados en una antigua oficina y en una residencia privada de Joe Biden, un anuncio destinado a sofocar sospechas de favoritismo hacia el presidente, que afirma que actuó “por inadvertencia”.

Garland, que ya delegó las investigaciones sobre el expresidente republicano Donald Trump a un fiscal independiente, encomendó esta nueva misión a Robert Hur, un exfiscal federal que trató tanto delitos de pandillas y narcotráfico como casos de corrupción y fraude.

El nombramiento revela el compromiso de su departamento “con la independencia del poder judicial en casos delicados”, afirmó en un discurso.

Horas antes la Casa Blanca informó que “una pequeña cantidad” de documentos clasificados que datan de cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama fueron hallados en la residencia privada en Wilmington, en el estado de Delaware. Estaban en el garaje y en una habitación contigua.

EL PRESIDENTE COOPERARÁ

El abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, aseguró que el presidente “cooperará” con el fiscal especial. El lunes Biden ya reconoció que una decena de documentos clasificados fueron encontrados en el Centro Penn Biden en Washington, donde él tuvo una oficina.

Estas revelaciones ponen en apuros a Biden, en un momento en el que su antecesor Donald Trump está en la mira de la justicia por la forma en la que gestionó sus archivos presidenciales.

En EE UU, una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus mails, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

Cuando se fue de la Casa Blanca en enero de 2021, el expresidente republicano se llevó cajas con documentos. Cuando se le pidió devolverlas, entregó 15 en enero de 2022.

Pero el FBI registró su lujosa residencia de Mar-a-Lago el 8 de agosto y confiscó alrededor de otras 30 cajas. Se abrió entonces una batalla legal para determinar la naturaleza de los documentos incautados (¿clasificados? ¿personales? ¿desclasificados?) lo que ralentizó el procedimiento. Pero Trump sigue bajo la amenaza de una acusación federal.

 

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