La investigación judicial reveló cómo una organización criminal operaba desde penales de La Plata y Magdalena, utilizando aplicaciones de citas para engañar y extorsionar a sus víctimas. El caso salió a la luz tras la muerte del gendarme Rodrigo Gómez, quien dejó una carta antes de quitarse la vida.
La muerte del gendarme Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos encendió una profunda investigación judicial que permitió desarticular una banda criminal que operaba desde cárceles bonaerenses. Según se determinó, la organización estaba integrada por presos alojados en unidades penitenciarias de La Plata y Magdalena, quienes llevaban adelante un esquema sistemático de estafas y extorsiones mediante el uso de aplicaciones de citas, donde utilizaban perfiles falsos para captar víctimas y obtener dinero.
De acuerdo con la causa, la maniobra comenzaba con la creación de perfiles femeninos falsos en plataformas digitales, principalmente en la aplicación Evermatch. Desde allí, los delincuentes iniciaban conversaciones con hombres, generando un vínculo que con el paso del tiempo derivaba en situaciones de manipulación emocional y presión psicológica. En el caso de Gómez, el contacto se habría iniciado con un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”, que utilizaba fotos y mensajes extraídos de internet para generar confianza.
El engaño avanzaba luego hacia una etapa más intimidatoria. Los integrantes de la banda simulaban ser efectivos policiales y afirmaban que la víctima estaba involucrada en una supuesta causa judicial vinculada a la relación virtual. Para reforzar la maniobra, los delincuentes usurpaban la identidad de un policía real y exigían pagos urgentes para evitar consecuencias legales. Bajo esa presión, el gendarme llegó a realizar transferencias a cuentas pertenecientes a mujeres que actuaban como intermediarias y permitían dificultar el rastreo del dinero.
La investigación permitió identificar como uno de los líderes del esquema a Tomás Francavilla, alias “Nahuel Conti”, de 22 años, quien se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena. Junto a él también fueron señalados Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, y Mauricio José Duarte Arecó, también preso en Magdalena. Los tres se encargaban de coordinar la creación de perfiles falsos, manejar las comunicaciones con las víctimas y supervisar el circuito de distribución del dinero.
En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanamientos en distintos pabellones penitenciarios, especialmente en la cárcel de Lisandro Olmos, donde se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que resultaron claves para reconstruir el funcionamiento de la organización. Además, fueron detenidas varias mujeres que recibían los fondos obtenidos mediante las extorsiones. En total, siete personas quedaron imputadas, mientras los principales acusados serán trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la banda y establecer si existieron otras víctimas que hayan sido extorsionadas mediante el mismo mecanismo. Los investigadores sostienen que el caso expuso una estructura delictiva organizada que operaba de manera sistemática desde las cárceles y que, en el caso del gendarme, terminó con un desenlace trágico.
