La Justicia avanza en la investigación por el fentanilo contaminado que ya provocó la muerte de al menos 54 personas y más de 90 casos de intoxicación en distintos puntos del país.
Mientras crecen las denuncias, un informe reciente reveló que los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. —vinculados a la cadena de suministro— acumulan múltiples alertas y sanciones de la ANMAT por graves irregularidades.
El caso tomó trascendencia nacional luego de que el Hospital Italiano de La Plata denunciara públicamente el uso de un lote adulterado de fentanilo, hecho que derivó en una serie de medidas urgentes por parte de las autoridades sanitarias. Desde entonces, la investigación apunta a una cadena de negligencias y omisiones que involucra a actores clave del sistema farmacéutico argentino.
Irregularidades, prohibiciones y un historial alarmante
El primer llamado de atención llegó el 24 de febrero, cuando la ANMAT inspeccionó a Laboratorios Ramallo S.A. por incumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). A partir de ahí, se sucedieron una serie de medidas que dejaron al descubierto un entramado crítico: el 6 de marzo, se prohibió la venta de dopamina del laboratorio HLB, al detectarse que carecía de etiquetas de trazabilidad obligatorias. Ese mismo día se ordenó además el retiro del lote N° 60000 de Propofol HLB, por la misma falla.
El 16 de abril, HLB debió retirar todos los lotes de Propofol producidos bajo un mismo certificado. La presión creció el 24 de abril, cuando se prohibió la distribución de Diclofenac y Morfina HLB, también por incumplimientos graves. Todos los retiros incluyeron exigencias de documentación y pruebas de cumplimiento ante la Dirección de Vigilancia Post Comercialización.
La denuncia del Hospital Italiano y la intervención judicial
El 8 de mayo se produjo el punto de quiebre: la ANMAT prohibió el uso de fentanilo inyectable de HLB Pharma tras una denuncia directa del Hospital Italiano de La Plata. La sustancia, que se distribuyó con la denominación “Fentanilo HLB / Citrato de fentanilo 0,05 mg/ml”, fue vinculada a casos de intoxicación y muerte en pacientes críticos. Desde entonces, el uso del producto quedó prohibido a nivel nacional.
La justicia federal intervino rápidamente, y aunque aún no hay imputados ni detenidos, la familia García —propietaria de HLB— quedó en el centro de la investigación. Ariel Fernando García, sus hermanos Damián Roberto y Diego, y su madre Nilda Furfaro, enfrentan una inhibición de bienes, mientras se analizan otras posibles víctimas fatales no registradas oficialmente.
Una crisis sanitaria sin precedentes
El caso del fentanilo adulterado expone una crisis estructural en el control y seguimiento de medicamentos de uso crítico en Argentina.
Mientras el Estado busca contener el impacto y evitar nuevos casos, familiares de las víctimas exigen justicia, y el sistema sanitario sigue expuesto a los efectos de una cadena de fallos que se extendió durante meses sin respuesta efectiva.
HLB y Ramallo S.A. se consolidan así como los principales focos de un escándalo que ya dejó al menos 54 muertes confirmadas, con la sospecha de que el número real podría ser aún mayor.
