Luego del anuncio de Axel Kicillof sobre el desdoblamiento de las elecciones legislativas 2025, el clima político en la provincia de Buenos Aires comenzó a recalentarse. En ese contexto, un grupo de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica reactivó la discusión por la Ficha Limpia al presentar un proyecto de ley que busca impedir que personas con condenas penales puedan ser candidatas a cargos electivos provinciales y municipales.
La iniciativa, firmada por Luciano Bugallo, Maricel Etchecoin Moro y Romina Braga, ingresó este martes a la Cámara de Diputados bonaerense y apunta directamente a modificar la Ley Electoral de la Provincia para establecer nuevos criterios de inhabilitación. La propuesta llega en un momento clave, con un peronismo dividido tras la decisión del gobernador de separar los comicios provinciales de los nacionales, lo que reconfigura el mapa electoral y pone en duda posibles candidaturas, incluso la de Cristina Fernández de Kirchner en la Tercera Sección.
El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, sin importar el fuero, siempre que exista sentencia condenatoria aunque no esté firme. También quedarían excluidos quienes estén inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad llamado a prestar servicios, magistrados y funcionarios judiciales en funciones, y quienes tengan vínculos con empresas concesionarias de servicios públicos o juegos de azar.
La normativa prevé que, al momento de la presentación de listas tanto en elecciones primarias como generales, los partidos deberán acompañar una declaración jurada de todos los candidatos, además de certificados de antecedentes penales, de deuda alimentaria y policiales, los cuales serán verificados por el Juzgado Electoral. En caso de omitir alguno de estos documentos, se otorgará un plazo de 24 horas para subsanar el incumplimiento o reemplazar al candidato.
Asimismo, la propuesta contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia que estará a cargo de la Junta Electoral y que incluirá todas las sentencias que configuren causales de inhabilitación. La norma también determina que la presentación de recursos no suspenderá los efectos de la inhabilitación, por lo que un candidato con condena en primera instancia no podrá competir, aun si apela.
Desde el bloque autor del proyecto explicaron que el objetivo es “transparentar las listas y devolverle confianza a la ciudadanía”, en un momento de fuerte descrédito hacia la dirigencia. Sin embargo, el texto llega con evidente carga política, justo cuando las internas se aceleran y se multiplican las especulaciones por el futuro electoral en la provincia más populosa del país.
