La decisión del Municipio de La Plata de frenar por un mes la tramitación de permisos para construcciones específicas abrió un conflicto que crece día a día en el sector. El decreto del intendente Julio Alak, que detiene por 30 días los expedientes vinculados a proyectos que podrían verse afectados por los cambios en el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), provocó la inmediata reacción de ingenieros, arquitectos y cámaras empresarias.
Según informó el portal Infoplatense, el primer pronunciamiento llegó desde el Colegio de Ingenieros de La Plata. La entidad expresó su grave preocupación y cuestionó el freno al considerar que afecta de manera directa el trabajo de los matriculados. También señalaron que, si bien integran el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial, no participaron en la redacción del proyecto de reforma del COU. En ese sentido, advirtieron por un escenario de inseguridad jurídica y por la posible pérdida de oportunidades laborales en toda la cadena de la construcción.
En paralelo, un grupo de arquitectos de Agenda Profesional, conducido por Sergio Poggi, se reunió con el director de Obras Particulares, Edwin Arias, para conocer el alcance real de la medida. Tras ese encuentro, los profesionales difundieron un documento donde el Municipio detalla las excepciones que seguirán con trámite normal, principalmente las relacionadas con fiscalización y revisión de proyectos.
La tensión escaló cuando el Colegio de Arquitectos presentó un amparo judicial para frenar los efectos del decreto municipal. Aclararon que el recurso no cuestiona el nuevo COU sino la suspensión de expedientes ya ingresados, muchos de ellos en etapa final. Para la entidad, la medida paraliza la actividad private y afecta a más de un centenar de gestiones, además de frenar nuevas inversiones.
Desde el Municipio respondieron que la suspensión es estrictamente temporal y de alcance limitado. El secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, explicó que el freno solo aplica a torres que podrían superar los nuevos topes de altura que evalúa el Concejo Deliberante. Defendió la decisión como una medida preventiva, orientada a evitar especulaciones y a garantizar seguridad jurídica mientras se define la normativa urbana.
A pesar de los argumentos oficiales, arquitectos y referentes de Apymeco sostienen que el panorama actual profundiza la inestabilidad del mercado local. El temor central es que la falta de definiciones termine desalentando inversiones en un sector clave para el empleo y el movimiento económico de la región, justo en un momento donde la construcción intenta recuperar dinamismo tras meses de retracción.
