Vecinos del barrio Meridiano V de La Plata denunciaron una situación crítica: una obra de demolición sin habilitación pone en riesgo la estructura de un edificio habitado por personas mayores.
La construcción avanza en la calle 71 entre 16 y 17, pese a contar con múltiples actas de clausura, medidas judiciales y reclamos administrativos. Los afectados apuntan a una posible complicidad política que permitiría el avance de los trabajos sin control.
Según el testimonio de los damnificados, la obra se realiza sin permiso municipal ni dirección técnica profesional, y viola una cautelar vigente que ordenaba su paralización inmediata. La demolición afecta una medianera compartida con un complejo de seis departamentos, cuya estabilidad está comprometida. “Nos están dejando cables colgando, la pared se fisura cada día más. Nadie nos escucha”, contó uno de los vecinos a este medio.
Señalan a funcionarios y acusan desprotección institucional
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la supuesta protección política detrás del emprendimiento. En el expediente judicial figura como inquilino del local un hombre identificado como Emiliano Maidana, hijo de Iván Maidana, actual presidente del Consejo Escolar de La Plata.
Los vecinos aseguran tener contratos de alquiler y documentación que prueban ese vínculo, además de registros gráficos que demuestran el avance ilegal de la obra incluso tras las clausuras.
“Ya no sabemos qué hacer. Presentamos todo: fotos, videos, denuncias, medidas judiciales. Incluso se incumplió un acuerdo firmado con Obras Particulares y no pasó nada”, relataron.
En paralelo, informaron que dos adultas mayores tuvieron que iniciar tratamientos médicos por estrés, mientras que varias familias ya abandonaron sus viviendas ante el temor de un derrumbe.
A pesar de una nueva intimación judicial que da cinco días para presentar el plan de obra y documentación técnica, los vecinos sostienen que la situación no cambia. Piden una acción inmediata por parte del Municipio de La Plata para hacer cumplir la ley y frenar el riesgo estructural que los afecta desde hace más de un año.
“Esto ya no es solo una obra irregular. Es un caso de inacción del Estado frente a una amenaza real a nuestras vidas”, concluyeron los vecinos, que analizan intensificar las acciones públicas si no obtienen respuestas en los próximos días.
