En el marco de la causa que investiga la aprobación irregular de urbanizaciones privadas, se confirmó la imputación del ex intendente Julio Garro por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La investigación apunta a la aprobación de 400 barrios cerrados en La Plata, impulsada por el ex jefe comunal durante su gestión. Además de Garro, se encuentran imputados ex funcionarios municipales y empresarios vinculados al desarrollo de estos emprendimientos inmobiliarios, en una maniobra que habría significado un beneficio económico de 1.500 millones de dólares.
Entre los implicados figuran María Botta, ex secretaria de Planeamiento Urbano; Marcelo Gustavo Genoro, ex director de Obras Viales; Nahuel Julián Paradela, ex subsecretario de Servicios Públicos, además de los empresarios Ariel Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea (Agrycon S.A.), y Facundo Dadin (Solvial Construcciones).
Según la investigación, los barrios cerrados en cuestión violaban la Ley Provincial de Uso del Suelo, lo que convertía en nula su habilitación. En la causa se detalla que, desde 2015 hasta 2023, funcionarios municipales y empresarios habilitaron de manera fraudulenta urbanizaciones en zonas no permitidas, sin contar con la debida autorización provincial.
Además, el fiscal a cargo del caso solicitó que se investigue un presunto sobreprecio en una obra pública en el barrio La Cañada de City Bell, lo que suma más irregularidades al expediente. La Justicia deberá definir los próximos pasos en una causa que pone bajo la lupa la gestión del ex intendente platense.
