El presidente Javier Milei presentó su descargo en la causa iniciada por la familia de Ian Moche, un joven influencer de 12 años con autismo, que solicitó judicialmente que se ordene la eliminación de un tuit en el que Milei vinculó al niño con «los kukas». Milei rechazó borrar la publicación y defendió su derecho a expresarse.
La defensa de Milei: libertad de expresión y cultura de la cancelación
En el escrito presentado ante el juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, el mandatario argumentó que Ian Moche “es un activista” y, por ello, “debe tolerar el debate” y las críticas. Además, aclaró que el tuit fue emitido desde su cuenta personal de X (@JMilei) y no desde una cuenta institucional, a pesar de que la red social identifica a Milei como funcionario de Gobierno.
“El tuit no es un acto estatal, sino una opinión personal sobre el periodista Paulino Rodrigues”, sostuvo el presidente y negó que la publicación estuviera dirigida a Moche. Consideró que la demanda forma parte de la “cultura de la cancelación”, a la que definió como “una herramienta para silenciar voces u opiniones con las que no se está de acuerdo”.
Por otro lado, Milei cuestionó que la familia de Ian Moche acudiera directamente a la Justicia sin agotar primero los mecanismos internos de la plataforma, como el sistema de denuncias o las “Notas de la Comunidad”. Rechazó además que el interés superior del niño justifique limitar la libertad de expresión en un “debate público legítimo” y solicitó que la causa sea archivada por “improcedente”.
La contraparte: la protección de derechos de Ian Moche
En contraposición, el abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, acusó a Milei de “desconocer que la libertad de expresión protege principalmente a los particulares frente al poder” y resaltó que el presidente fijó domicilio en la residencia presidencial de Olivos, reconociendo así su rol institucional. “Si no hubo intención de agraviar, bastaba con una aclaración, disculpa o eliminación del posteo. Esto nunca sucedió”, afirmó.
El juez Recondo tiene ahora un plazo de 48 horas para definir si ordena o no al mandatario retirar el mensaje en cuestión, en un caso que pone en tensión la libertad de expresión y la protección de derechos de personas con discapacidad en el ámbito digital.
