El referente de la Confederación Mapuche denunció que a un año de su sanción hay “inoperancia” en el cumplimiento de la ley de Consulta Previa, Libre e Informada en la provincia de Neuquén. Y advirtió la política provocativa, violenta, racista del gobierno nacional.
El referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, aseguró que en la provincia hay conflictos abiertos con las empresas petroleras en la zona de Vaca Muerta, y que el gobernador Rolando Figueroa no da respuesta.
Contó que se cumplió un año de la sanción de la ley provincial de Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades indígenas, pero el gobierno no la cumple, así como tampoco cumple con el relevamiento territorial, que tiene 18 años de vigencia, ni tampoco otorga personerías jurídicas.
Del comando antibloqueo de Vaca Muerta, que instaló la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Nahuel señaló que a la «inoperancia de la provincia se suma la actitud provocativa, violenta y racista del gobierno nacional”. Y advirtió que la ministra “está agazapada esperando el mejor momento para golpear”.
Nahuel subrayó que “el gobierno de (Javier) Milei se declara orgullosamente enemigo de la causa indígena” y aseguró que van a resistir los avances de las petroleras en las comunidades, y que no habrá paz social, ni legitimidad, ni seguridad jurídica si no respetan el derecho mapuche.
A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa e Informada ustedes denuncian que no se cumple. ¿Qué implica esto para el pueblo mapuche?
Implica que hay una voluntad política nula de parte del gobierno de (Rolando) Figueroa de ponerse al día con la deuda enorme que han ido acumulando los gobiernos de Neuquén. Creíamos que era una práctica del Movimiento Popular Neuquino, que estuvo durante 60 años adeudando derechos fundamentales al pueblo mapuche. Pero vemos que este nuevo gobierno, que llegó con la impronta de cambiar, está replicando esa política. A un año de gobierno, no solo no ha cumplido con la Ley de Consulta, sino que tampoco ha cumplido con la Ley de relevamiento territorial, que tiene 18 años, y no ha cumplido con el tema de personería jurídica, cuando hay un decreto de febrero del año pasado, o sea, prácticamente dos años, que lo obliga a crear el registro de comunidades mapuches como una forma de resolver esa demanda jurídica que siempre le hemos planteado. Las comunidades tienen que tener seguridad a partir de tener su personería jurídica, su relevamiento, su tierra titularizada, y que ante cualquier proyecto de desarrollo que se pretenda realizar en territorio comunitario se tiene que aplicar la consulta previa. Lo que busca es que la comunidad otorgue el consentimiento ante un proyecto que puede llegar a ser peligroso para su vida interna.
¿Y durante este año han avanzado con proyectos, nuevos permisos, sin consulta previa?
Ellos han avanzado, sí, porque siguen entregando concesiones, siguen entregando permisos de exploración y de explotación, y envían a las empresas a confrontar con nosotros. Las empresas, obviamente, si logran ese papel, esa autorización, avanzan. Cuando se encuentran con la comunidad, muestran ese papel, que para nosotros no tiene ninguna validez, y comienza el conflicto.
¿Cuál es el rol del Estado en la resolución de los conflictos con las petroleras?
El conflicto tiene dos formas de resolverse. O se acuerda con la empresa, o la empresa denuncia y criminaliza ante la justicia provincial o la justicia federal. En esas dos alternativas, de un acuerdo con la empresa o una confrontación con la empresa, el Estado está de testigo, está mirando a la distancia cuando es el principal responsable de todo este escenario de conflicto que se viene dando hace un año.
¿Cuál es la situación actual de los conflictos en Vaca Muerta?
La mayoría son conflictos abiertos. De hecho, tenemos una intimación de la justicia federal en lo penal, que nos está aplicando una multa diaria de 100.000 pesos por familia, por no permitir que YPF entre a construir un ducto en la zona de Loma Campana en la comunidad Campo Maripe. Tecpetrol tiene planes de atravesar el Lof Wirkalew en Sauzal Bonito, Pecom quiere ingresar como sea a Lof Newen Kura en Rincón de los Sauces, Oíl Stone pretende entrar a Lof Mapu Manuel Segundo en Portezuelo Chico, YPF en territorio de Lof Kaxipayiñ o en Lof Fvta Xayen. Todos violando la ley de consulta previa que exige el consentimiento de cada comunidad antes de aprobar cualquier obra. En todas las comunidades, confrontan contra las petroleras cuando debe ser el Estado, el gobierno provincial, quien ordene esta situación a través de los mecanismos normativos vigentes. El gobierno provincial observa a la distancia como los conflictos se suceden sin medir las consecuencias trágicas que pueden acarrear estos escenarios de enfrentamientos. Todos son escenarios de conflicto que pueden desencadenar en cualquier tipo de tragedia. Eso es lo que no entiende el gobierno provincial cuando alimenta estos conflictos. El deber del Estado es resolver esos escenarios de conflicto, porque tiene todas las herramientas jurídicas para hacerlo. Pero no hace nada, dilata las situaciones y va alimentando esos escenarios de conflicto.
¿No hay diálogo con Figueroa o su gabinete?
Tenemos reuniones de diálogo con el equipo del ministro de Gobierno (Jorge) Tobares, pero no hay capacidad operativa para resolver las cuestiones. Las resoluciones pasan por que se reconozca la personería jurídica de las comunidades que lo vienen demandando hace dos o tres décadas, que se hagan los relevamientos y que de alguna manera se avance en aplicar la consulta. Bueno, esos tres derechos están absolutamente violados. Tanto la consulta, como el otorgamiento de personería, como la elaboración de los relevamientos. No se ha avanzado, pero un solo ejemplo. Yo quisiera dar un ejemplo de esos tres escenarios, pero no puedo dar nada porque todo está en veremos. Y eso es lo que alimenta una relación de conflicto. Y hay un responsable fundamental que no está poniéndose en su lugar, que es el gobierno provincial.
¿Por qué cree que se da este tipo de diálogo con el gobierno?
Figueroa promueve una política de diálogo sin contenido, un diálogo que es un entretenimiento, porque no resuelve los conflictos. El diálogo tiene que ser para resolver, no para mantener los conflictos en un estado permanente. Nosotros estamos perdiendo mucha credibilidad en el diálogo que nos propone Figueroa a través de Tobares porque es un diálogo que no llega a resolver las cuestiones de fondo. Entonces, mientras dialogamos, estamos criminalizados, mientras dialogamos, la justicia federal nos condena con una causa civil y mientras estamos dialogando, las empresas pretenden seguir explotando la tierra mapuche. Entonces, ¿cuál es el sentido de un diálogo que no resuelve el conflicto?
¿Y cómo tomaron, en este contexto de conflicto, la llegada del comando antibloqueo de Vaca Muerta de la mano de la ministra Patricia Bullrich?
A esta inoperancia de la provincia se suma la actitud provocativa, violenta, racista del gobierno nacional, que está todo el tiempo agitando violencia y odio racial. Es decir, ante la falta de una política clara del gobierno provincial, quieren intervenir desde Nación, que es la peor intervención, porque no saben en absoluto tratar ningún tema. Ellos creen que todo se arregla a los palos. Y tienen a la mejor ejecutora, que es Patricia Bullrich, que de violencia sabe bastante porque ha dejado vidas tiradas en la ruta acá en territorio mapuche, como el caso de Rafita Nahuel o de Santiago Maldonado.
¿Y piensan que pueden reprimir a las comunidades?
Sí, absolutamente. Nosotros creemos que Patricia Bullrich está agazapada esperando el mejor momento para golpear. De hecho, ya ha hecho algunos ensayos a través de la justicia federal, por ejemplo, en Campo Maripe. La jueza (Carolina) Pandolfi aplica una multa diaria a Campo Maripe de 100.000 pesos por familia por no permitir el ingreso de YPF. Nosotros no dejamos que YPF ingrese porque se tiene que aplicar la consulta previa, que es una ley obligatoria para la empresa. Pero quien tiene que ejecutar esa ley es el gobierno provincial. Entonces no se aplica la ley y solamente se aplica para castigar a la comunidad mapuche. Lo que está pidiendo es eso, justamente que se haga todo en el marco de una legalidad que se está violando permanentemente.
¿Cómo toman los discursos del gobierno de Javier Milei contra los pueblos indígenas?
El gobierno de Milei se declara orgullosamente enemigo de la causa indígena. Lo dice cuando descalifica, cuando prohíbe que se hagan las ceremonias como están haciendo en Parques Nacionales, cuando prohíbe que en la jurisdicción nacional se levante la bandera mapuche, cuando el presidente del INAI, que debería estar velando por el cumplimiento de la norma indígena, se reúne con empresarios, terratenientes y sectores del poder para ver cómo logra evitar la implementación del derecho indígena, que es un marco jurídico muy avanzado el que protege el derecho indígena. Pero con este gobierno, todo ese marco jurídico está tratando de ser eliminado. Quiere retroceder en el tiempo, y para ello cuenta con un operador eficaz en el actual titular del INAI. No hay dudas de que, el gobierno nacional es un enemigo declarado. En otros momentos, Nación garantizaba la vigencia de los derechos indígenas, ya que es quien firma los pactos internacionales. Sin embargo, este gobierno es absolutamente negacionista. Un ejemplo claro fue su actuación en la última asamblea de Naciones Unidas, donde Argentina fue el único país del mundo que votó en contra de una normativa destinada a proteger los derechos indígenas. Esto demuestra que no tienen interés en respetar el marco normativo que nos protege; al contrario, intentan violentarlo cada vez que pueden. Incluso, si lo tiene que hacer a la fuerza, ya tienen una herramienta creada que es el comando antibloqueo que fue creado por Patricia Bullrich.
¿Cómo van a resistir estas políticas?
Tenemos múltiples formas de resistir. Una, es ejerciendo el derecho que nos corresponde, que es defender nuestra tierra, porque es nuestra fuente de vida, es lo que le da sentido a la vida comunitaria. La otra es apelar a la justicia, para que la justicia también intervenga y detenga un poco esta situación. Pero también la justicia hoy está puesta en duda, porque la justicia tiene dos escenarios. O se pone a blindar la actividad petrolera, y por sobre todas las cosas pone la ganancia y el lucro, o la renta petrolera como principal objetivo, o comienza a aplicar las normativas que están vigentes, que es la Constitución, que es el Convenio 169, los decretos que están aprobados a nivel provincial y no se cumplen. Entonces, es el desafío que tiene la justicia también, no hacerse parte de una política represiva, sino hacerse parte de una política donde impere el derecho y lo que está normado constitucionalmente.
¿Al cumplirse un año de su vigencia, van a realizar alguna presentación por la ley de consentimiento previo?
Obviamente nosotros, al cumplir su año, vamos a hacer saber nuestra posición ante esto, porque hay un discurso oficial que habla de la mentada paz social, y de la mentada seguridad jurídica que tiene que tener la actividad del fracking en Vaca Muerta, pero no hay seguridad jurídica, no hay legitimidad, no hay licencia social, sino es a partir de respetar el derecho del pueblo Mapuche. Esa es la condición básica que nosotros ponemos, pero además lo debería compartir el gobierno, lo debería compartir el Poder Judicial. Ese es el desafío que le estamos planteando.
Entrevista publicada originalmente en Va Con Firma
