El Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata iniciará el juicio oral a siete policías acusados de violencia institucional en una subcomisaría del interior de la provincia de Buenos Aires. Los acusados enfrentan cargos por diversos delitos, entre los que se incluyen torturas, apremios ilegales, abuso sexual agravado y hurto agravado en perjuicio de personas detenidas.
El proceso estará a cargo del fiscal Juan Caniggia, quien presentará las pruebas y testimonios de 85 personas que aportarán detalles sobre las agresiones sufridas en la dependencia policial. La defensora oficial Ana Julia Cova representará a los acusados, quienes enfrentan el juicio en libertad. La causa fue instruida por la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI 7 de La Plata.
Los imputados son Cecilia Soledad Ballerini, Jorge Edgardo Rodríguez, Rodolfo Morales, Lucas Vizgarra, Carlos Remuzzi, Emilce Ponce y Juan José Vicente Fernández. Según la investigación, los hechos ocurrieron en la subcomisaría de Domselaar (partido de San Vicente), donde los detenidos habrían sido sometidos a malos tratos y despojos de sus pertenencias personales.
Antecedente importante en la causa
Este juicio tiene un antecedente directo: el 27 de diciembre de 2024, nueve policías fueron condenados por hechos de brutalidad policial en la misma comisaría, durante una requisa. La jueza Belén Piccone impuso penas de hasta cinco años y medio de prisión a los involucrados, estableciendo un precedente judicial en la lucha contra la violencia institucional.
Expectativa por los testimonios de las víctimas
Durante el juicio, las declaraciones de los testigos serán claves para determinar la responsabilidad de los imputados. La fiscalía presentará pruebas médicas que evidencian lesiones compatibles con maltratos físicos, además de documentos que podrían revelar irregularidades en el manejo de la subcomisaría.
Un juicio clave para la jurisprudencia
Este juicio no solo tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, sino también podría sentar jurisprudencia sobre la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires. La fiscalía espera consolidar una nueva condena que refuerce el compromiso del Estado en la protección de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de las fuerzas de seguridad.
