El médico residente de primer año del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata presentó un extenso descargo administrativo en el que solicitó el levantamiento inmediato de la suspensión preventiva sin goce de haberes que le fue impuesta por un plazo de 60 días, en el marco de un procedimiento disciplinario iniciado en su contra.
Se trata de Miqueas Martínez Secchi, quien, con el patrocinio de Ismael Alejandro Naiouf del estudio jurídico de Lautaro Slpizer, interpuso un recurso de revocatoria en subsidio contra la Disposición N° DISPO-2026-95, dictada por las autoridades del hospital. En el escrito al que accedió este medio, el residente cuestiona la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida, a la que califica como “ilegítima” y “carente de sustento funcional concreto”.
Según consta en la presentación, la suspensión preventiva se dispuso a raíz de publicaciones realizadas en redes sociales, las cuales habrían tenido repercusión pública y mediática. No obstante, el médico negó haber tenido intención discriminatoria, violenta u hostil, y sostuvo que sus expresiones se dieron en el marco de un contexto de análisis crítico sobre un conflicto bélico internacional, sin alusión a pacientes, al hospital ni al ejercicio de su función médica.
En el descargo, Martínez Secchi argumentó que las expresiones cuestionadas fueron realizadas fuera del ámbito institucional, en una cuenta personal, y que no existe nexo funcional entre dichos comentarios y su desempeño asistencial. Además, afirmó que la disposición administrativa incurre en una aplicación arbitraria del régimen disciplinario, al encuadrar los hechos en distintos incisos del Decreto 1572/22 sin un análisis concreto ni motivación suficiente.
Otro de los puntos centrales del planteo es la afectación grave al derecho a la formación profesional y al sustento económico, ya que la suspensión sin goce de haberes interrumpe su residencia médica, compromete su evaluación anual y lo priva de su único ingreso. En ese sentido, advirtió que, en la práctica, la medida tendría un impacto económico mayor al plazo formal de 60 días, debido a los tiempos administrativos de liquidación salarial.
Asimismo, el residente señaló que la sanción fue dictada en un contexto de fuerte repercusión pública, lo que —según sostiene— habría condicionado la decisión administrativa, generando una apariencia de prejuzgamiento y vulnerando los principios de objetividad e imparcialidad. También dejó asentado que había realizado con anterioridad observaciones internas sobre el funcionamiento del servicio, lo que, a su entender, refuerza la necesidad de analizar si existió una posible desviación de poder.
Entre los pedidos concretos, solicitó que se otorgue efecto suspensivo al recurso, se deje sin efecto la suspensión preventiva o, de manera subsidiaria, que se la convierta en una medida menos gravosa, como la continuidad en funciones con supervisión o la suspensión con goce de haberes.
El planteo quedó ahora en manos de las autoridades de Salud , que deberán resolver sobre la validez de la medida adoptada y el futuro del residente dentro del sistema provincial de residencias médicas.
