La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata expresó su compromiso para colaborar en la investigación por el fentanilo contaminado, que ya provocó 96 muertes en el país. La institución ofreció sus laboratorios y profesionales para realizar las pericias necesarias y advirtió que el hecho “no debe ser instrumentalizado con fines político-electorales”.
El caso tomó mayor relevancia en los últimos días debido al aumento de la cifra de víctimas y a la preocupación por posibles casos no registrados.
En ese contexto, el juez federal Ernesto Kreplak ordenó un operativo en la facultad para abrir una ampolla de fentanilo no contaminado y analizar su composición, con el objetivo de obtener pistas sobre el origen y circulación de la droga.
Compromiso científico y advertencia institucional
En un comunicado oficial, Exactas manifestó su pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias. Además, señaló que “desde el primer momento” puso a disposición recursos técnicos y científicos para el esclarecimiento de los hechos.
La facultad recordó que fue una farmacéutica hospitalaria quien detectó la contaminación y lo informó a la Red de Vigilancia Farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, lo que permitió que la ANMAT y las autoridades sanitarias actuaran rápidamente para retirar los lotes afectados.
La institución subrayó el rol del profesional farmacéutico en toda la cadena del medicamento, la importancia de la formación científica y ética, y la necesidad de un Estado presente con organismos de control fortalecidos como la ANMAT.
También remarcó que esta crisis expone la relevancia de contar con profesionales capacitados, infraestructura adecuada y recursos técnicos para proteger la salud pública.
Llamado a evitar el uso político del caso
Desde la Facultad de Ciencias Exactas afirmaron que como universidad pública que imparte la carrera de Farmacia, mantienen su compromiso con la excelencia académica y la ética profesional.
Al mismo tiempo, instaron a que este hecho no se utilice con fines político-electorales, señalando que la seguridad de los medicamentos es una responsabilidad colectiva que exige profesionales comprometidos, instituciones sólidas y un Estado activo en sus funciones regulatorias.
