Por primera vez en la historia argentina, un expresidente enfrenta una condena firme dictada por la Corte Suprema de Justicia.
El pasado 10 de junio, el máximo tribunal confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, en un fallo unánime que generó fuertes repercusiones políticas y sociales.
Agotadas todas las instancias judiciales, la defensa de Cristina solicitó que la pena se cumpla bajo prisión domiciliaria, argumentando motivos de edad —la exmandataria tiene 72 años— y razones de seguridad, tras el intento de asesinato que sufrió en 2022. En el pedido, remarcó que no busca privilegios sino garantías mínimas de integridad física.
El Tribunal Oral Federal 2 recibió un informe socioambiental favorable que calificó como “apto” el domicilio de la ex vicepresidenta en San José 1111, barrio de Constitución, para que cumpla el arresto domiciliario. A raíz de la complejidad del caso, el juez Jorge Gorini pospuso su licencia para seguir el expediente de cerca.
Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron al pedido. Alegaron que no hay razones médicas ni de seguridad que lo justifiquen y recordaron que la ley no obliga a otorgar la domiciliaria por edad. En caso de concederse, exigieron que se aplique con tobillera electrónica y estricta supervisión judicial.
Cristina no irá a Comodoro Py, pero marchan igual
Finalmente, este martes se resolvió que Cristina Kirchner no deberá asistir a Comodoro Py. Será notificada por videollamada, lo que evitará su traslado físico a tribunales. No obstante, la movilización prevista por el Partido Justicialista sigue ratificada.
Este miércoles 18 de junio, miles de personas marcharán en señal de respaldo, con la participación confirmada de dirigentes políticos, sindicalistas y figuras como el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En La Plata, hay una fuerte adhesión.
La condena a Cristina Kirchner marca un antes y un después en la política argentina. Pese al fallo judicial, el oficialismo busca mostrar músculo en la calle, en lo que será una jornada de alta tensión institucional y movilización popular.
