El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió que Karen Reichardt será quien encabece la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert, y rechazó el pedido del Gobierno para que Diego Santilli ocupe ese lugar.
Según el fallo emitido este miércoles, el magistrado consideró que la aplicación del artículo 7 del decreto 171/19 para definir el reemplazo es inconstitucional, por lo que no corresponde el corrimiento propuesto por la alianza oficialista. “No hacer lugar a los corrimientos solicitados por La Libertad Avanza y adecuar la lista de candidatos a Diputados Nacionales”, estableció Ramos Padilla en su resolución.
Ramos Padilla consideró inconstitucional el corrimiento
El dictamen se conoce luego del pedido impulsado por el Ministerio del Interior, encabezado por Lisandro Catalán, para que Santilli reemplazara a Espert en la boleta. La fiscal federal Laura Roteta ya había dictaminado en la misma línea, advirtiendo que desplazar a Reichardt implicaría aplicar la ley de paridad de género en perjuicio de una mujer, lo que va en contra del espíritu de la norma.
Ramos Padilla también aceptó las renuncias de Lucía Elizabeth Benardoni (N°34) y María Gabriela Gobea (suplente N°5), que habían sido solicitadas por el Gobierno para reordenar la lista, pero ratificó que el primer lugar corresponde a Reichardt.
Qué pasará con las boletas y los próximos pasos
Por el momento, La Libertad Avanza puede apelar el fallo ante la Cámara Nacional Electoral, aunque desde el Gobierno reconocen que el rechazo a su pretensión es casi un hecho.
La resolución no incluye una definición sobre la reimpresión de boletas, aunque fuentes judiciales indicaron que los bonaerenses se encontrarán en el cuarto oscuro con la Boleta Única Papel (BUP) que ya fue impresa con la imagen de Espert.
La decisión del juez Ramos Padilla marca un nuevo capítulo en la interna libertaria bonaerense y ratifica el criterio de la Justicia Electoral de priorizar la representación femenina cuando la aplicación literal de la norma de paridad pueda afectar los derechos que busca proteger.
