La Libertad Avanza hasta el momento ha aplicado más pragmatismo que un plan económico claro, pero el camino trazado marca puntos de confluencia con el modelo peruano. La apuesta por una economía primarizada y la imposición de peores condiciones de trabajo (además de las intenciones de aprobar una reforma laboral), son dos ejes de la política de Caputo que se relacionan con las características del país andino. Seguir ese rumbo implica choques inevitables con los trabajadores de Argentina que no están dispuestos a perder sus derechos conquistados.
Con una inflación que no llega a los dos dígitos desde 1997 y las exportaciones creciendo con fuerza desde 2016, la política económica de Perú tiene aspectos similares a los aplicados por la gestión de La Libertad Avanza en su primer año. Las contradicciones del modelo peruano son agudas, resaltan la precarización laboral y desigualdad salarial que se encuentran entre las más altas de América del Sur, la gran dependencia de las importaciones para los productos industrializados y un régimen político en crisis. Javier Milei pareciera querer asumir estos riesgos con tal de contener los aumentos de los precios ya que el modelo neoliberal impuesto por el dictador Alberto Fujimori tuvo “éxito” en ese aspecto.
La economía Argentina tiene grandes diferencias con la peruana ya que parten de geografías, historias y estructuras distintas. El modelo de Perú se basa en la exportación de metales, minerales, petróleo, gas y productos agrarios, combinada con una muy elevada precarización laboral que reduce los ingresos de la población y un bajo desarrollo industrial que limitan (ambos) la demanda de importaciones.
El plan de ajuste del gobierno argentino es un fuerte ataque a los derechos y los ingresos de los trabajadores, y está comenzando a afectar el entramado de la producción manufacturera. Si a esto le sumamos los grandes beneficios otorgados por el RIGI para la expansión del extractivismo, las señales apuntan hacia el reemplazo de sectores de la industria por la obtención de hidrocarburos en Vaca Muerta y la explotación de los bienes comunes naturales de la cordillera. Todos elementos que se pueden analizar utilizando el modelo vigente en Perú como referencia.
Pero si ese es el plan, es un camino repleto de obstáculos que implica chocar con las aspiraciones de las grandes mayorías y hasta de sectores de los empresarios. Analizar la estructura económica peruana puede ser útil para comprender las variantes que Milei maneja y qué respuestas podrían surgir a sus políticas.
Extractivismo, soja y frutas
La composición de las exportaciones de Perú muestran el carácter primarizado de su economía. Las principales ventas al exterior son de cobre, oro (entre estos dos sumaban el 45 % de lo exportado en 2022) y otros minerales, café, frutas, pescado y derivados. A su vez en las importaciones se puede ver la falta de producción propia de maquinarias, artefactos eléctricos, vehículos y la mayoría de los bienes con alto valor agregado.
Argentina comparte el carácter de país exportador de materias primas, pero mantiene entre un 25 % y un 30 % de sus ventas al exterior en manufacturas de origen industrial. Pero las políticas del gobierno comenzaron a profundizar la primarización de la economía. Los últimos datos publicados por el Indec muestran que en septiembre los sectores que más crecieron en la comparación interanual fueron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 38,9%, Explotación de minas y canteras, 7,1%, y Pesca 8,2%; al mismo tiempo que sufrieron fuertes caídas la Construcción, -19,5%, la Industria, -12,4%, y el Comercio -10,8%.
En el mismo periodo, sólo 1 de los 16 rubros en los que se divide el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero que publica el Indec ha crecido en comparación con 2023, el de Refinación de petróleo. Los otros 15 sectores han sufrido caídas de hasta el 26,8%, incluída la producción de alimentos y bebidas que se vió afectada por la fuerte caída de los ingresos de las grandes mayorías.
El lujo de los derechos laborales
Según el Informe mundial sobre salarios 2024-2025 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Perú ocupa el segundo lugar en América Latina y el primero en Sudamérica de trabajadores con “salarios bajos”. El índice mide la cantidad de trabajadores que ganan menos de la mitad del salario medio por hora. En el país andino son el 25,1% los que sufren está condición, en Argentina el 21,1%.
Este nivel de desigualdad es consecuencia de los altos niveles de informalidad, en Perú el 78% de los asalariados no tiene derechos laborales amparados por ley. Además los ingresos del conjunto tienden a ser escasos, según la ENADES (Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos) 2024, una familia de cuatro personas necesita S/ 2.547 al mes para subsistir (cerca de los US$ 700 al tipo de cambio promedio del 2024). Esto es más de dos veces el salario mínimo actual que es de S/ 1.025. El 54 % de los encuestados afirman que no les alcanza para cubrir sus gastos básicos y sólo el 14 % dijo tener capacidad de ahorro.
La falta de trabajo también es un problema importante, según la nueva Encuesta Permanente de empleo Nacional (EPEN), publicada por el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas de Perú) para el segundo trimestre del 2024, la población desocupada ha pasado de 883 mil 81 (de julio 2022 a junio 2023) a 1 millón 31 mil personas (de julio 2023 a junio 2024), lo que implica un aumento de 16,7% de los desempleados en el último año. Este nivel de desempleo equivale a un 5,7% de la población económicamente activa.
El modelo Peruano ha provocado un aumento de la pobreza. Entre el 2013 y el 2023 la población que no pudo acceder a la canasta básica pasó del 23,9% al 29 %, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además de los ingresos la precariedad de la vida y las consecuencias de las políticas neoliberales de desfinanciamiento pueden observarse en el nivel educativo. Los jefes y jefas de hogar que alcanzaron, como máximo, la educación secundaria incompleta, aumentaron de 3.6 a 4.6 millones entre 2004 y 2023. El 45.5% de jefes/as del hogar carece de educación secundaria completa
En Argentina podemos observar cómo las políticas del Gobierno apuntan hacia el deterioro de las condiciones de trabajo. La caída de la actividad económica y las decisiones de los empresarios llevaron a la pérdida de trabajos registrados. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos: de 9.857.173 a 9.596.156 según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Bajo el gobierno de Milei la desocupación llegó al 7,6% en el tercer trimestre del 2024, había sido del 5,7% en el mismo periodo del 2023.
Al igual que con la producción, los puestos de trabajo fueron afectados de forma desigual. Como explica Luis Campos en la entrevista a La Izquierda Diario, desde que asumió Milei hasta agosto, los únicos sectores de la economía que generaron puestos de trabajo son el agro (+9.918), la minería (+754) y la pesca (+586). Pero estuvieron muy lejos de compensar lo sucedido en el resto de los sectores: construcción perdió 66.00 puestos y la industria manufacturera 29.600 puestos. En la comparación entre el segundo trimestre 2023 y el segundo trimestre 2024, tomando las cifras del Indec, los trabajadores de la industria manufacturera pasaron de ser el 12,1% del total al 10,7%, en la construcción cayeron del 9,6% al 8,4%.
Las actividades productivas de menor valor agregado como la minería, la extracción de hidrocarburos o la agropecuaria requieren menor cantidad de cantidad de trabajadores, generan entramados productivos más acotados y en muchos casos están asociadas al empleo no registrado o de bajos ingresos. No es que Argentina vaya a pasar de la noche a la mañana del 36% de informalidad laboral a más del 75%, pero el gobierno de La Libertad Avanza con la apreciación del peso, la apertura comercial, el RIGI y la reforma laboral (hasta el momento frenada) apunta a remover la mayor cantidad de derechos conquistados por los trabajadores que le permita la relación de fuerzas.
¿Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?
Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur, Milei volvió a declarar que planea acordar también uno con Estados Unidos. Este tipo de pactos suele incluir cláusulas que conceden a los países imperialistas amplios beneficios; Perú tiene uno vigente y no es la excepción.
El tratado, impulsado por el ex presidente Alejandro Toledo y firmado por su sucesor Alan García en diciembre de 2007 contiene artículos de entrega de soberanía, como el capítulo 10 que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses. También impide promulgar normas de protección del medio ambiente o contra productos nocivos que afecten la salud de los ciudadanos si es considerado un obstáculo para el desarrollo de las operaciones productivas y las ganancias de las empresas norteamericanas.
Argentina ya está sometida a los mandatos del Fondo Monetario Internacional debido al programa que ata al Estado a pagar vencimientos de deuda por más de 10 años. Caputo quiere renegociar el crédito para extender los plazos y acrecentar el endeudamiento que ya es impagable. Un TLC reforzaría la dependencia con Estados Unidos, principal accionista del FMI.
Las políticas neoliberales y la relación de fuerzas
La economía peruana se redujo 0,55%, en el 2023 y en 2024 se registró un retroceso de -2,5% entre enero y julio de la recaudación estatal frente al mismo periodo del año anterior, según información de SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú). El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) se muestra optimista y cree que Perú tendrá un rebote entre fin de año e inicios de los primeros meses del 2025, pero la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe) estima que el estancamiento económico se mantendrá y se agravará en el futuro.
En este marco la crisis social está lejos de poder mejorar, generando un gran rechazo al gobierno golpista de Dina Boluarte. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en junio, señaló que el índice de desaprobación de la gestión de Dina Boluarte como presidenta de Perú va en aumento y el 93 % de los consultados desaprueba su forma de gobernar el país. La encuesta demostró además que el Congreso de la República, controlado por mayoría de derecha y ultraderecha, tampoco goza de popularidad: el 91 % de los encuestados desaprobó su trabajo, mientras que solo el 6 % se mostró de acuerdo con su desempeño.
El gobierno de Boluarte tiene su origen en el golpe parlamentario de diciembre de 2022 que además de destituir a Pedro Castillo incluyó una fuerte represión a los trabajadores, pueblos originarios y sectores populares. Los grandes empresarios y los partidos del régimen como el liderado por la hija de Fujimori, con el apoyo de la embajada norteamericana, impulsaron el golpe, pero el nuevo régimen fue perdiendo respaldo a un ritmo acelerado.
Milei cuenta con mejores cifras en las encuestas, pero sus planes de ajuste han chocado con movilizaciones y acciones masivas. La Argentina parte de la gran lucha que obligó a renunciar a De La Rúa en el 2001, como expresión del límite puesto por las grandes mayorías al modelo neoliberal de Carlos Menem, continuado por la gestión del presidente radical. El experimento de Milei que a pesar de sus particularidades tiene mucho en común con el régimen creado por Alberto Fujimori que es considerado el Menem peruano. Además de ya haber provocado un estallido social en el pasado, el neoliberalismo se encuentra en crisis a nivel internacional; las posibilidades de algún tipo de “éxito” para Milei lucen mucho más reducidas.
Las maniobras financieras de Caputo, sobre todo el blanqueo de capitales, le están dando un respiro al oficialismo pero depende de la llegada nuevos dólares por la vía del endeudamiento para tener posibilidades de llegar a las elecciones de octubre sin demasiados sobresaltos. El fracaso del peronismo y el PRO en mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías puede estar permitiéndole a la gestión actual generar expectativas de mejoras futuras, pero sus políticas llevarán de forma inevitable a nuevos choques con los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y sus familias.
Dina Boluarte, presidenta de Perú, y Javier Milei, presidente de Argentina
