El pasado 20 de noviembre, las comunidades indígenas del interior de la provincia llegaron a la ciudad para entregar un petitorio en la Legislatura provincial, solicitando que se incorporen los derechos indígenas en la nueva constitución provincial y que se elaboren leyes específicas que garanticen sus derechos en la provincia ante el crítico escenario político nacional.
El término «malón» proviene de malok, que en mapudungun significa “invasión”. Con lo que la primera imagen que me viene a la mente es la de aquél conocido cuadro, La vuelta del malón (1892) de Ángel Della Valle, en el que se representa a la “indiada” que regresa al galope tendido por la llanura, trayendo consigo una blanca cautiva y un crucifijo de plata: toda una representación del Mal (como, por otro lado, el mismo término parecería sugerir). Sin embargo, lo que aparece representado como un acto gratuito de salvajismo y criminalidad tiene que interpretarse en el marco de la larga “guerra contra el indio”, cuyos orígenes se remontan a la época colonial y a la que se ha pretendido dar término en 1885 con la “Campaña al Desierto” (uno de los acontecimientos históricos centrales en el proceso de conformación del Estado-nación argentino).
Y digo “pretendido” porque en 1946, cuando las comunidades kollas de la puna de Salta y Jujuy marchan a Buenos Aires a entrevistarse con Perón a pedir por la restitución de sus tierras en lo que fuera llamado el “Primer Malón por la Paz”, la idea del malón vuelve a irrumpir en el imaginario ciudadano. Luego, en 2006 y 2023 las comunidades organizaron, estableciendo una relación de contigüidad simbólica y política con aquél malón de 1946, el segundo y tercer “Malón por la Paz”, con lo que el término “malón” es apropiado y reivindicado por el movimiento indígena.
Y ahora, nuevamente el pasado 20 de noviembre, en la provincia de Catamarca con el “Malón por el Buen Vivir Comunitario”: autoridades y comuneros indígenas, muchos de ellos de la región de la puna, llegaron del interior de la provincia, invadiendo la ciudad, para entregar un petitorio en la Legislatura provincial. En dicho petitorio, firmado por trece comunidades diaguitas de cinco departamentos, están contenidos los mismos reclamos de hace ya casi 80 años atrás: reconocimiento de la posesión ancestral, expropiación de las tierras, propiedad comunitaria indígena. Ya no se trata de Patrón Costas como entonces, sino de otro gran terrateniente: Indalecio Pachado, ya difunto, pero cuyos hijos continúan cobrando arriendos, hostigando y amenazando con desalojar a las familias comuneras de la región de la puna. De hecho, ya hay una orden de desalojo suspendida por el paréntesis jurídico abierto por la ley 26.160 y cuya última prórroga vence el año próximo.
Por otro lado, además de leyes que reconozcan y garanticen la posesión y propiedad de sus tierras, lo que piden también las comunidades a los legisladores provinciales es que respete el procedimiento de consulta previa, libre e informada y que el mismo se lleve a cabo de forma intercultural, siguiendo un protocolo y conforme las instituciones, costumbres y cosmovisiones tradicionales indígenas. También se observa, en este mismo sentido, que el consentimiento de las comunidades es condición sine qua non para llevar a cabo cualquier proyecto o actividad en territorio indígena. Y es si bien tras la reforma de la Constitución Nacional (1994) y la sanción de las leyes nacionales como la ley 23.302 (1985), la ley 24.071 (1992) o la ley 26.160 (2006), las comunidades indígenas cuentan con más herramientas y argumentos jurídicos que en 1946, en el actual contexto nacional esos derechos ya reconocidos están siendo desconocidos.
No sólo por la posición oficial adoptada por el Sr. Gerardo Werthein en las Naciones Unidas el 12/11/24 respecto a la protección de las comunidades originarias, el proyecto de ley del diputado Miguel Ángel Pichetto y el subsiguiente proyecto de decreto presidencial elaborado por la ministra de Seguridad, la Sra. Patricia Bullrich (18/9/24), ambos buscando derogar el decreto presidencial 805/2021 que todavía prorroga la ley nacional 26.160 (que, por otro lado, vence el año entrante), la resolución firmada por el nuevo presidente del INAI, el Sr. Claudio Avruj suspendiendo los trámites para el registro de la personería jurídica de las comunidades (30/9/2024), sino también, más concretamente, por dos acontecimientos provinciales.
En primer lugar, la aprobación en el Senado de la adhesión de la provincia de Catamarca al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el 19/9/24, pese al pedido de las comunidades indígenas (3/9/24) a la Cámara de Diputados de que se prorrogue el tratamiento del dicho proyecto porque el mismo no contaba con la consulta ni consentimiento de las comunidades indígenas, siendo que justamente en sus territorios es donde se localizan los grandes emprendimientos mineros y quienes se verían principalmente afectados por los mismos.
En segundo lugar, la visita a la provincia de la Directora de Tierras del INAI, la abogada Sonia Ochoa, quien, en reunión con el secretario de Asuntos Indígenas, Marcelo Rivera, habría manifestado que “una comunidad no una comunidad no puede obstaculizar el desarrollo de un proyecto minero. Tampoco una expresión comunitaria luego de un proceso de consulta previa, libre e informada es vinculante y puede detener, per se, el avance de un proyecto” (Diario El Esquiú, 7/11/24). Lo cual, a su vez, tiene que interpretarse en el marco de la lucha que las comunidades indígenas vienen sosteniendo contra el Estado y las empresas mineras, como el caso de la Comunidad Indígena de Peñas Negras y la empresa Elevado Gold o el caso de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y la empresa Livent.
Por otro lado, además de la gran minería de cobre y litio, otros conflictos territoriales son el latifundio y el gamonalismo, y ahora también la fibra de vicuña, ya que contra el interés de los indígenas que trabajan artesanalmente la fibra, el gobierno quiere venderla a la empresa italiana Loro Piana que, de hecho, ya tiene tierras compradas en la puna. Además está el tema de los sitios arqueológicos, lugares sagrados para las comunidades (como, por ejemplo, el sitio de El Shincal, que se encuentra en el territorio comunitario pero la comunidad no participa de la gestión y administración del mismo). Por lo que en el petitorio también se pide que se reconozca por ley provincial el derecho de las comunidades a participar de la gestión y administración de los bienes naturales y culturales que están en sus territorios.
En suma, pues, puede decirse que se trata de contradicciones existentes entre el modelo extractivista y el modo de vida tradicional, de ahí justamente que el malón se haga en nombre del “buen vivir comunitario”. Y es que si ya antes el gobierno provincial ignoraba los derechos indígenas (Página 12, 25/3/24), ¿qué queda ahora que el gobernador Raúl Jalil ha sellado su alianza con el proyecto libertario y que el proyecto libertario se ha decidido a avanzar sobre los derechos indígenas? Lo queda, pues, es unir las luchas. Y, en este sentido, puede decirse que el “Malón por el Buen Vivir Comunitario” constituyó un acontecimiento política y simbólicamente muy significativo, ya que supuso la reunión de distintos sujetos que, además de los pueblos originarios, están siendo objeto de la política liberal mileísta: jubilados, estudiantes y docentes universitarios, organizaciones barriales y organizaciones políticas de izquierda.
De hecho, ya el pasado 31 de octubre, en un comunicado público la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Catamarca, había manifestado su “apoyo y solidaridad para con la Asamblea Autoconvocada Interclaustros de la Universidad Nacional de Catamarca en la lucha que están sosteniendo por la educación pública y gratuita”, en relación a la toma universitaria, y hoy esa unión pudo celebrarse en la marcha a la Legislatura. El petitorio podría ser tratado recién después de la apertura del período de sesiones ordinarias el 1º de mayo de 2025, sin certeza alguna todavía de cuándo tendría lugar dicho tratamiento, mientras tanto será tiempo seguir trabajando en la organización, en unir las luchas sociales en nuestra provincia y también a nivel nacional.
