El concejal del PRO Nicolás Morzone presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de La Plata para modificar el Código de Convivencia Ciudadana y prohibir la participación de menores de 13 años en protestas sociales, políticas, partidarias o sindicales en la ciudad. La iniciativa busca establecer multas a los padres y a los organizadores de las manifestaciones, además de sancionar a los conductores de micros que trasladen manifestantes y obstruyan el tránsito.
Según el Artículo 150° bis que pretende incorporar, los tutores o responsables de los menores que asistan a protestas serán sancionados con el doble de la multa prevista en el Código, que oscila entre 50 y 1.000 módulos. A su vez, los organizadores de marchas en las que haya menores deberán afrontar multas de 50 a 600 módulos o realizar trabajo comunitario, dependiendo de la cantidad de niños presentes y el riesgo al que hayan sido expuestos.
El proyecto también contempla sanciones para los micros o vehículos que transporten manifestantes y obstaculicen la vía pública, con multas de 50 a 1.000 módulos y la inhabilitación por dos años para los choferes responsables.
La recaudación de estas multas, según lo establecido en el texto, se destinaría al mantenimiento del sistema educativo municipal y a programas de promoción de los derechos de la infancia.
Argumentos y reacciones ante el proyecto
En los fundamentos de la iniciativa, Morzone señala que la presencia de menores en marchas los expone a riesgos como enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, aglomeraciones peligrosas o condiciones climáticas adversas, poniendo en peligro su integridad psicofísica.
Asegura que el proyecto no busca restringir el derecho a la protesta, sino proteger a los niños y garantizar el orden en los espacios públicos. Sin embargo, la propuesta ya generó polémica en sectores políticos y sociales que consideran que podría interpretarse como un intento de criminalizar la protesta y condicionar la participación ciudadana.
El debate ahora queda abierto en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo local deberá evaluar si avanza con la iniciativa o si enfrenta resistencia por parte de otros sectores políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
