El conflicto por el Jardín de Infantes N° 903, ubicado en el corazón del Parque San Martín de La Plata, sigue generando tensión. El secretario general de la Municipalidad, Norberto Gómez, aseguró que la institución no será cerrada ni trasladada, a pesar de la reciente aprobación de una ordenanza que busca liberar el espacio verde.
Garantías de permanencia y denuncias de abandono
Según Gómez, la Dirección General de Escuelas, la directora del jardín y los vecinos involucrados ya fueron notificados de que el jardín permanecerá en su lugar. Además, señaló que exfuncionarios del gobierno municipal anterior están «mintiendo y asustando a la comunidad», recordando que, al inicio de la actual gestión, el parque estaba en un estado de abandono total.
Desde la Comuna se destacó que el parque fue recuperado con tareas de limpieza, desmalezamiento y retiro de árboles en mal estado, además de la instalación de semáforos en la esquina de 54 y 25 para mejorar la seguridad vial.
El respaldo del Concejo Deliberante
El pasado 19 de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó declarar al Parque San Martín como área de protección y recuperación ambiental. La medida busca garantizar la conservación del espacio público, aunque incluyó un artículo que implicaría, a mediano plazo, la relocalización del jardín y una estación de bombeo de ABSA.
A pesar de la normativa, el Municipio afirmó: “Es mentira que vamos a sacar el jardín. La relocalización no será forzada ni inmediata”.
Movilizaciones de la comunidad educativa
En respuesta, padres, docentes y alumnos del Jardín N° 903 organizaron protestas, incluida una mateada simbólica frente al establecimiento. A través de estas acciones, exigieron la derogación de la ordenanza y garantizar la permanencia del jardín en su actual ubicación.
Estas manifestaciones se suman a un abrazo simbólico realizado en diciembre pasado, donde la comunidad educativa ya había visibilizado su rechazo a la ordenanza.
Una solución consensuada en el horizonte
Mientras las tensiones persisten, el Municipio insiste en que cualquier cambio será producto de un consenso con todas las partes involucradas. Sin embargo, la comunidad educativa exige medidas concretas que aseguren la protección del jardín y el acceso al espacio verde para las generaciones futuras.
