Con tres decretos y un DNU, ordenó que la facturación de bienes y servicios se realice mediante plataformas que dependen del Ejecutivo. La medida involucra a las 62 casas de altos estudios, pero el foco está en la UBA. Si no cumplen, podrían limitar las transferencias de fondos públicos
Por decreto, el Gobierno obliga a las universidades a reformar la rendición de gastos y la facturación y prohíbe los contratos directos
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