Al cumplirse nueve años de la detención de Milagro Sala, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron a una caravana este jueves a las 13:30. La movilización partirá desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Congreso, y culminará en el domicilio de la dirigente en La Plata, donde cumple prisión domiciliaria mientras se recupera de una cirugía.
Un caso emblemático de persecución política
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 durante el gobierno de Gerardo Morales, en el marco de una protesta organizada por la Tupac Amaru en Jujuy. Desde entonces, su caso ha sido señalado como un ejemplo de hostigamiento político y judicial, con múltiples denuncias de irregularidades en los procesos legales en su contra.
Organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos reiteraron su rechazo a lo que consideran un «plan sistemático de hostigamiento orquestado por Morales y el expresidente Mauricio Macri».
El deterioro de su salud y su traslado a La Plata
La salud de Sala se complicó tras años de detención. En junio de 2022, fue diagnosticada con trombosis venosa profunda. En octubre de 2023, luego de múltiples pedidos judiciales, fue trasladada a La Plata para ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Italiano. Actualmente, permanece bajo prisión domiciliaria en la ciudad, supervisada por el Patronato de Liberados.
Denuncias ante organismos internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en el caso para garantizar su arresto domiciliario debido a su estado de salud. Según su defensa, encabezada por el abogado Diego Morales del CELS, las condenas contra Sala carecen de legitimidad y violan las garantías del debido proceso. «Este caso refleja un patrón de persecución judicial que debe ser revisado», afirmó Morales.
Reclamos y manifestaciones
La caravana de este jueves es una más en la larga lista de manifestaciones en apoyo a Milagro Sala. Sus defensores sostienen que su detención representa un ataque contra la lucha por los derechos de los sectores más vulnerables y continúan exigiendo su libertad inmediata.
