El Senado será protagonista esta semana con el debate sobre la Ley de Financiamiento Universitario, luego del veto presidencial de Javier Milei.
El proyecto, ya ratificado en Diputados con una amplia mayoría, podría obtener sanción definitiva el próximo jueves, en una sesión que despierta gran expectativa en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en el sistema educativo en general.
En la Cámara baja, la norma logró un respaldo contundente: 174 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones, superando con holgura los dos tercios necesarios. Si la Cámara alta acompaña esta decisión, el Gobierno estará obligado a promulgarla en un plazo de 10 días hábiles.
Qué contempla la Ley de Financiamiento Universitario
La iniciativa fue impulsada por rectores y asociaciones académicas y prevé la reapertura de paritarias, refuerzo de fondos para el funcionamiento de las universidades, becas estudiantiles, programas de desarrollo científico y la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos actualizado por inflación para carreras estratégicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que su impacto en 2025 alcanzará $1,96 billones, equivalente al 0,23% del PBI.
En paralelo, el Senado también tratará el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, promovida por trabajadores del Hospital Garrahan.
El proyecto establece prioridad presupuestaria por un año para insumos, salarios y la derogación de la Resolución N° 2.109/25 que modificó el sistema de residencias. Su costo anual sería de $133.433 millones, según la OPC.
La presión de los docentes de la UNLP
Tras confirmarse la sesión, la Asociación de Docentes Universitarios de la UNLP (ADULP) emitió un comunicado en el que reclamó a los senadores que rechacen el veto de Milei. “La comunidad educativa ya dio un mensaje claro en la Marcha Federal Universitaria y en Diputados. Ahora esperamos que el Senado consolide la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad”, señalaron.
Los docentes exigieron recomposición salarial, ampliación de becas y un mayor presupuesto para el sistema universitario. “La educación superior necesita esta ley para garantizar su funcionamiento, mejorar los salarios de los trabajadores y sostener la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo argentino”, remarcaron desde ADULP.