El Senado de la Nación convirtió en ley el Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de los docentes, en una jornada que significó un duro revés para el oficialismo. El proyecto, que ya había sido sancionado el año pasado y luego vetado por el presidente Javier Milei, volvió a obtener amplio respaldo opositor en la Cámara Alta.
Con este resultado, se busca garantizar el sostenimiento de la universidad pública, gratuita y de calidad en todo el país, en medio de una fuerte puja política entre el Congreso y el Ejecutivo.
Qué establece la ley de financiamiento universitario
La norma contempla la recomposición presupuestaria de las universidades por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, y una actualización bimestral durante 2025 para cubrir los gastos de funcionamiento.
Además, ordena al Poder Ejecutivo convocar de manera obligatoria a la negociación paritaria docente, con un plazo máximo de tres meses y actualizaciones mensuales no menores a la inflación. También incluye la recomposición de los programas de becas estudiantiles desde diciembre de 2023 y asegura los créditos presupuestarios para sostener los recursos.
Los plazos para el veto de Milei
Tal como adelantó en reiteradas ocasiones, Milei podría vetar la ley, en línea con su plan de ajuste económico. La Constitución Nacional le otorga diez días hábiles desde la recepción del proyecto para promulgarlo o vetarlo.
En la Casa Rosada especulan con la posibilidad de estirar los plazos para que la decisión se concrete una vez superadas las elecciones legislativas bonaerenses, buscando minimizar el costo político de la medida.